La Fiscalía ha archivado la investigación abierta por la contratación de un asesor del PP con cuyos servicios supuestamente se "pagó" a la edil tránsfuga Nerea Belmonte por el voto en blanco que permitió a este partido acceder a la Alcaldía del Ayuntamiento de Alicante. Aunque el fiscal aprecia la existencia de irregularidades, considera insuficientes los indicios para abrir una causa penal. Con esta decisión, las dos investigaciones abiertas por el presunto compro del voto de la edil han quedado cerradas después de que el juez archivara la que indagaba hubo un intento de compra de la edil por parte del PSOE. La investigación que aún estaba en la Fiscalía afectaba al PP y concretamente si este partido asignó al asesor a Belmonte como contraprestación. El exasesor Miguel Ángel Redondo fue el primero que tuvo que pasar por el despacho del fiscal y aseguró que los apoyos prestados a la edil tránsfuga fueron a título personal.
Aunque se le contrató como asesor de Infraestructuras, durante el mes que Redondo estuvo en el Ayuntamiento se presentaba como consejero de Belmonte, a la que incluso acompañó en visitas a algunas dependencias municipales. Una actuación que se interpretó como el presunto «pago» por hacer posible la vuelta del PP a la Alcaldía. Por este motivo, todos los grupos municipales de la oposición presentaron una denuncia en la Fiscalía, que ha sido instruida por el teniente fiscal José Llor. Entre los testigos que han pasado por su despacho, se encuentra el jefe de gabinete de Alcaldía, Vicente López, el edil de Infraestructuras, Israel Cortés, así como representantes de colectivos que durante esos días mantuvieron entrevistas con Belmonte y el asesor.
El fiscal asegura en el decreto de archivo que no hay base alguna para investigar si Redondo pudo cobrar en b cantidad alguna de Ciudadanos, por lo que las pesquisas se han centrado en determinar si hubo cohecho y malversación de caudales públicos. El fiscal asegura en el decreto que no puede más que 'asombrarse por las extrañas circunstancias de la contratación como asesor con dedicación exclusiva de Redondo, de su actuación como asesor y de su cese". Un nombramiento que según la investigación de la Fiscalía se hizo por indicación directa del alcalde, Luis Barcala, sin ningún tipo de currículo ni cualificación profesional para desarrollar su función y sin ser miembro del Partido Popular, como suele ser norma en este tipo de contrataciones. La función que le asignaron fue la estar presente en reparaciones de baches, explica el decreto, realizando actuaciones en materia de jardines, realizando fotografías que entregaba al Gabinete de Alcaldía para dar fe de su trabajo. Entre su trabajo estaba también el dar fe de lo que pasaba en materia de limpieza y mantenimiento en el día a día de la ciudad. Tareas para las que fue contratado a tiempo completo por 2.513 euros al mes. En cuanto su actuación, durante el escaso tiempo que la realizó, además de hacer las fotos"fue acompañar, lo que no hizo con su concejal, y sin ponerlo en conocimiento según manifiesta a título privado a la concejal Nerea Belmonte que, por su condición de tránsfuga no tenía derecho a asesor" a varias entrevistas con representantes de colectivos de la ciudad. Redondo fue cesado a las pocas semanas de su contratación a raíz de desvelar este diario su vinculación a Nerea Belmonte.
El fiscal considera que "se podrán llegar a las sospechas y conjeturas que cada uno tenga por conveniente, pero no llegan a tener la categoría de indicios para la prosecución de unas diligencias penales'.
Tras la dimisión de Gabriel Echávarri por sus problemas con la Justicia, en la mano de Belmonte estaba que le sustituyera la socialista Eva Montesinos o que la Alcaldía pasara al PP, como así ocurrió gracias la voto en blanco de la expodemita. En el primer pleno del nuevo regidor, Luis Barcala, y en respuesta a una intervención del portavoz de Guanyar, Belmonte afirmó que desde la izquierda le habían ofrecido un sueldo de 3.500 euros y un puesto de salida en las próximas elecciones a cambio de apoyar a Montesinos, lo que no hizo. Unos hechos que motivaron la primera de las dos denuncias fueron investigados por el fiscal Anticorrupción Felipe Briones tras presentarla dos ciudadanos, uno de ellos el dirigente vecinal José Luis Valdés. Esta denuncia fue archivada por el juzgado y en estos momentos se está tramitando el recurso de Briones contra la decisión.
Aunque Anticorrupción dejó claro que las pesquisas iban a abarcar atodos los grupos con representación en el Consistorio, no sólo a los de izquierdas a los que apuntó la edil, fue la denuncia interpuesta a raíz de la contratación de Redondo, de la que se ha encargado Llor, la que puso en el punto de mira al PP, quien al final se hizo con la vara de mando.
Reacciones de los denunciantes
Eva Montesinos (PSOE) ha mostrado esta mañana "máximo respeto a la decisión de fiscalía. Nos quedamos con una frase textual del fiscal, aquella en la que dice 'después de instruirse las presentes diligencias, este Instructor no puede más que asombrarse por las extrañas circunstancias de la contratación como asesor con dedicación exclusiva del señor Redondo".
La socialista ha señalado también que "aquí la única realidad es que el señor Barcala es alcalde porque la señora Belmonte traicionó a sus votantes. Ellos sabrán el motivo. Está claro que la sombra de la sospecha perseguirá a Barcala hasta que finalice el mandato. De eso no tiene duda ningún alicantino", ha concluido.
Por su parte, Miguel Ángel Pavón ha destacado el hecho de el fiscal deje caer su extrañeza por lo ocurrido en la contratación del asesor. "Nos hubiera gustado que hubiera prosperado para que el asunto se aclarase en el juzgado. También consideramos que hubiera sido procedente llamar a declarar a Barcala", ha señalado.
Cs, por su parte, se reafirma en que Luis Barcala contrató a Redondo como asesor con fines espúreos.“Tras leer el auto, las dudas que teníamos sobre la contratación de Miguel Ángel Redondo se reafirman y se acrecientan, es evidente que Barcala lo contrató con fines espúreos, ajenos a las tareas que se supone que debía realizar”, ha manifestado la portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Alicante, Yaneth Giraldo.
“Por eso le pedimos al PP que nos proporcione el listado de tareas que se le asignaron en el Área de Infraestructuras y las fotografías que dice que realizó Redondo sobre desperfectos en las calles y jardines”, ha puntualizado. “Todo huele a chamusquina, desde la contratación de esta persona 'sin ningún tipo de cualificación' y con dedicación completa, al hecho de que nunca acompañara a Israel Cortés, el edil de Infraestructuras, o la circunstancia de que Nerea Belmonte conociera su agenda de visitas”, ha puntualizado Giraldo.
Desde Compromís, Natxo Bellido ha asegurado que el escrito de Fiscalía refleja lo que "piensa toda la ciudad": "Los hechos son muy extraños, y nos pueden llevar a toda clase de sospechas".
El gobierno de Barcala
El equipo de gobierno del Partido Popular ha mostrado su satisfacción por el archivo de la denuncia. La portavoz popular, Mari Carmen de España, ha pedido a los partidos denunciantes que “se dediquen a trabajar por la ciudad en lugar de tratar de enturbiar la acción de gobierno con denuncias ante Fiscalía que no se sostienen y que solo tratan de sacar ventaja política y de lanzar cortinas de humo para tapar la nefasta gestión que ellos mismos realizaron durante los tres años que estuvieron al frente del Ayuntamiento”.
“Siempre hemos expresado nuestro más absoluto respecto a la acción de la Justicia, hemos sido totalmente transparentes en todo momento en este asunto y hemos colaborado en todo lo que se nos ha pedido desde la Fiscalía”, ha comentado la portavoz popular. De España ha añadido que “la denuncia de la oposición estaba fundamentada solo en rumores y en manifestaciones personales infundadas como así se ha demostrado con el archivo de la misma”.
La portavoz del equipo de gobierno ha lamentado que “una vez más la oposición utilicen la Justicia para tapar sus propias vergüenzas y su incapacidad para la gestión municipal después de tener sometido al Ayuntamiento durante tres años en un situación de parálisis que han sufrido directamente todos los alicantinos”.
