Dos investigaciones independientes. Al menos de momento. Así lo ha decidido la Fiscalía de Alicante donde el teniente fiscal, José Llor, se va a ocupar de indagar las denuncias presentadas por todos los grupos de la oposición municipal tras la contratación por parte del PP de Miguel Ángel Redondo, quien durante el mes que estuvo trabajando en el Ayuntamiento de la ciudad se presentaba ante las instituciones como consejero de la edil tránsfuga Nerea Belmonte.

Los denunciantes (PSOE, Guanyar, Compromís y Ciudadanos) pretenden que se aclare si el fichaje de este asesor (uno de los dos únicos del PP del total de 15 que fueron contratados a jornada completa y que fue cesado tras desvelar este diario su relación profesional con la expodemita) guarda relación con su voto en blanco que en el pleno de investidura, tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri, cambió el color político de la Alcaldía dándosela al popular Luis Barcala.

Las indagaciones que realice Llor se harán por tanto de forma independiente a las que está llevado a cabo su colega Felipe Briones bajo la órbita de Anticorrupción. Briones abrió una investigación después de que dos ciudadanos de Alicante, uno de ellos el exdirigente vecinal José Luis Valdés, llevaran a la Fiscalía las palabras de Belmonte en el primer pleno de Barcala. Es respuesta a una intervención de Miguel Ángel Pavón, portavoz de Guanyar, la formación con la que se presentó a las elecciones en las que resultó elegida pero de la que fue expulsada apenas un año después por adjudicar contratos menores a personas de su entorno, la concejala afirmó que «desde la izquierda» le habían ofrecido un sueldo de 3.500 euros al mes y un puesto de salida en las próximas elecciones a cambio de que apoyara a la candidata socialista a la Alcaldía Eva Montesinos. Una afirmación ante la que ni el alcalde ni el resto de los concejales reaccionaron pero que gracias a la denuncia antes citada acabó en Anticorrupción.

Declaraciones

En el marco de esta investigación, ante Briones han declarado ya, además de la propia Belmonte, su asesora y amiga Elsa Martínez, exdirectora de la Ciudad de la Luz y vinculada personalmente al presidente local del PP y alto cargo de la Diputación, Toño Peral, así como Pavón y el portavoz de Compromís Natxo Bellido.

Montesinos ha llegado a hablar también con el fiscal, pero para explicarle el sentido la denuncia interpuesta por el PSOE por la contratación de Redondo. Como ya publicó este diario, aunque la edil se ofreció a declarar por el intento de compra de voto, Briones rechazó su ofrecimiento y le indicó que, si lo considerara necesario, ya la llamaría.

Pendiente también de la llamada del acusador público se encuentra el exdirigente socialista Ángel Franco, a quien tanto Belmonte como Martínez apuntaron directamente en su comparecencia en Anticorrupción como la persona que habría hecho el polémico ofrecimiento.

Aunque la oposición en pleno está convencida de que el fichaje de Miguel Ángel Redondo y su apoyo a la edil tránsfuga está estrechamente relacionado con el voto en blanco de Belmonte que cambió la orientación política del Ayuntamiento, fuentes de la Fiscalía explicaron que, de momento, se van a investigar ambas denuncias por separado y que sólo se unirán, lo que de entrada parece lo lógico, si el resultado de las pesquisas así lo determinara.

Tras hacer público este diario el fichaje, Barcala aseguró que conoció al ya exasesor durante la pasada campaña electoral porque acompañaba al entonces alcaldable de Ciudadanos, José Luis Cifuentes: «Luego seguí manteniendo contacto con él porque lo veíamos por el grupo municipal de Cs. Y cuando llegamos a la Alcaldía, se ofreció para trabajar. Constatamos que tenía muy buenos contactos y que era una persona que podía encajar perfectamente en Infraestructuras, donde aparentemente ha cumplido con su trabajo de peinar la ciudad de Alicante».

El PSOE acaba de reclamar los informes que elaboró Redondo durante el mes que trabajó y por el que cobró 2.500 euros.