La Generalitat Valenciana recibió ayer otra inyección de oxígeno desde Madrid. Pero esta vez, ajena a los tres mecanismos de rescate. El Consejo de Ministros dio su visto bueno a que la Comunidad Valenciana pueda refinanciar deudas este año por valor de 1.653,8 millones de euros y evite así su colapso financiero. Ese dinero servirá para renegociar con las entidades financieras aquellos préstamos que había que devolver a lo largo del ejercicio pero que, dadas sus estrecheces económicas, no podía reintegrar. Esta situación no es nueva. El pasado viernes, de hecho, este diario se hizo eco de que el Gobierno central socorrerá en 2014 a la Generalitat con 4.217 millones de euros de rescate.

Esa cifra, equivalente a una tercera parte del presupuesto anual del Ejecutivo valenciano, llegará a través de préstamos. Y de ella, además, 2.029 millones servirán para refinanciar operaciones de crédito que la Generalitat debe al Gobierno y que no le puede pagar.

En un primer momento, el Consell solicitó «solo» 2.186,6 millones a través del FLA, convertido en el salvavidas económico de Alberto Fabra desde su creación en 2012. De esa cantidad, 996,6 millones servirán para cubrir el déficit que el Gobierno ha autorizado a la Comunidad para el presente ejercicio (1 %); otros 969 millones se destinarán a saldar vencimientos de deuda; mientras que los 221 millones restantes se emplearán para cubrir las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009. Como se recordará, el Ejecutivo central erró en sus cálculos esos dos años y adelantó a todas las administraciones públicas más dinero del que finalmente les correspondió en concepto de recaudación de impuestos. En vez de condonar esa deuda, el Gobierno les obligó a devolverla en un plazo máximo de 10 años.

A esos 2.186,6 millones además se sumaron con posterioridad otros 1.757 que la Comunidad debía devolver al Gobierno a lo largo del año por un préstamo que le concedió el ICO en 2012. La Conselleria de Hacienda trasladó a Cristóbal Montoro que no podía devolver tal cantidad, y el ministro autorizó la refinanciación del crédito. Por último, el Consell también ha conseguido que se posponga la devolución de 272 millones que se concedieron en 2012 por el plan de pago a proveedores.

Pese a la asfixia económica de las arcas autonómicas, la Generalitat continúa resistiéndose a reclamar al Gobierno central la deuda histórica, cifrada en 14.000 millones de euros. Si el miércoles fue la delegada del Ejecutivo en la Comunidad la que se opuso a esa reivindicación, ayer el turno le tocó al vicepresidente del Consell, José Císcar. «Tal vez no es el mejor momento», sentenció. El también presidente provincial del PP en Alicante justificó su postura asegurando que el Gobierno «va a tener que hacer frente a un incremento de los recursos destinados a financiación autonómica para cambiar el modelo» y, por tanto, no podría asumir una reclamación de tal calibre. Císcar, no obstante, dijo que no dan la batalla por perdida.