Enero de 2012. El Gobierno central sale por vez primera al rescate de la Generalitat para hacer frente a un vencimiento de deuda de 123 millones con el Deutsche Bank. Esa fecha quedará marcada en la historia porque fue la primera vez que un Ejecutivo tuvo que salir al rescate de una comunidad autónoma. No fue, sin embargo, la última. El desplome generalizado de ingresos y la necesidad de cumplir con unos objetivos de déficit impuestos desde Bruselas forzaron a Mariano Rajoy a arbitrar una serie de mecanismos para evitar la asfixia financiera de las administraciones autonómicas. La Comunidad Valenciana se lanzó en masa a todas las iniciativas que se impulsaron y recibió a lo largo del año la friolera de 10.820 millones de euros, de acuerdo con la Cuenta General de 2012 publicada esta misma semana.

Esa cifra es netamente superior a la que se venía hablando hasta ahora. El informe «Las finanzas autonómicas en boom y en crisis (2003-2012)», del servicio de estudios económicos del BBVA, había cuantificado ese guarismo en 9.676 millones. Y el propio Gobierno, a través de varias respuestas parlamentarias en el Congreso, fue facilitando datos cuya suma no llegaba en ningún caso a tal magnitud. Ha sido ahora, con motivo de la publicación de la Cuenta General, cuando se ha plasmado negro sobre blanco las inyecciones de liquidez que recibió la Comunidad desde Madrid. Todas, eso sí, vía préstamo.

Buena parte del rescate procedió del plan de pago a proveedores, un mecanismo creado con el objetivo de airear las facturas en los cajones y pagar al fin las deudas que las administraciones públicas arrastraban con las empresas. El Consell de Alberto Fabra recibió un total de 4.354 millones para tal fin. Prácticamente, una tercera parte de su presupuesto anual. Ese crédito permitió calmar los ánimos de los proveedores, pero no sirvió para dar cobertura a los impagos que sufren cientos de colectivos sociales, ayuntamientos y otros beneficiarios de ayudas públicas. De ahí que este año la Generalitat vaya a sumarse de nuevo al plan de pago a proveedores. Será su última edición. El número dos de Cristóbal Montoro en Hacienda, Antonio Beteta, ya ha anunciado en varias ocasiones que en 2014 desaparecerá. Y, encima, las administraciones tendrán la obligación legal de pagar a las mercantiles en un plazo máximo de 30 días, de acuerdo con una nueva directiva de la Unión Europea. De no hacerlo, el Ejecutivo les detraerá esas cantidades del sistema de financiación.

El segundo mecanismo que más fondos inyectó en la Comunidad fue el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), destinado a priori para que las comunidades pudiesen hacer frente a sus vencimientos de deuda. Las arcas del Consell recibieron a través de esta vía 3.830 millones, de acuerdo con la Cuenta General. Esa cifra sí coincide con la que facilitó en su día el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, al portavoz de Economía del PSPV en las Cortes, Julián López, y se dividió en dos partes. 2.433,88 millones fueron para vencimientos y los 1.396,63 millones restantes se destinaron al pago a proveedores.

Las cantidades que restan para alcanzar los 10.820 millones llegaron a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). La Generalitat recibió préstamos a bajo interés que le permitieron, entre otros aspectos, afrontar más vencimientos de deuda.

La Cuenta General de 2012 explicita también la operación que realizó el Consell para sanear los balances de su sector público empresarial. El Ejecutivo de Alberto Fabra asumió 2.697 millones de endeudamiento de sus entidades y fundaciones públicas con el objetivo de ir bajando la persiana de algunas de estas firmas.