No se puede fiscalizar lo que no existe y el primer veredicto del jurado en el proceso por el asesinato de María del Carmen Martínez, el que la magistrada Francisca Bru rechazó alegando falta de motivación, fue destruido. Con esta rotundidad se manifestó ayer en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Francisco Ruiz Marco, quien ejerce la acusación particular en nombre del hijo mayor de la viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala. Un dictamen que condenaba a Miguel López, yerno de la víctima y único acusado de su muerte, y cuya devolución, según las acusaciones, se realizó contraviniendo la Ley de Jurado, que obliga a que el acta sea revisada en una audiencia con todas las partes pero sin la presencia del jurado, lo que en este caso no se produjo. A cambio, se escuchó de boca de la juez «el acta es mía» y «no puedo decir más» sin que ninguno de los presentes, salvo los miembros del jurado y ella misma, conocieran el contenido del documento.
Así, con ausencia de este trámite y el retorno del dictamen, del que ya es imposible saber si adolecía realmente de los argumentos a los que aludió la juez, «se puso en marcha una cadena de infracciones legales y constitucionales que propició la impunidad de un asesinato salvo que ustedes lo remedien», advirtió Ruiz Marco en un brillante y contundente informe en la misma línea argumental que momentos antes había expuesto el fiscal José Llor.
El acusador particular demostró durante la vista por los recursos contra la sentencia que absuelve a López de este crimen que no tiene pelos en la lengua. No los tuvo para cuestionar las indicaciones al jurado de la presidenta del tribunal, tras las que, apostilló, «los indicios en los que se apoyaban las tesis acusatorias se fueron a la misma papelera que el acta destruida». Ni los tuvo tampoco para calificar de «desafuero» la desaparición de un veredicto sin control jurisdiccional incluso a efectos de recursos. «Un acto de este calibre no puede quedar al margen del control de ustedes, no puede ser una decisión secreta, algo así como un ´Solo para sus ojos´», espetó Ruiz Marco.
Tampoco se quedó atrás el fiscal a la hora de tachar de «arbitraria» la actuación de Bru por la falta de ese control y al afirmar que apreciaba «un cierto tufillo» en la precisión de la juez al tribunal sobre que el silencio de Miguel López, que se acogió a su derecho a no declarar, carecía de valor. Y dio un paso más al sostener ante el tribunal presidido por Pilar de la Oliva, a la que acompañaban los magistrados Juan Francisco Ceres y Pía Calderón, la ponente, que Bru «intentó trasladar al jurado su propia valoración de la prueba» y manifestar su extrañeza porque en apenas unas horas el veredicto de culpabilidad de 7 votos a 2 virara a uno absolutorio por 6 a 3.
Las acusaciones mantienen que la consecuencia de esta «concatenación de infracciones» en la fase final de proceso no puede ser otra que «la anulación del juicio y de la sentencia» que exonera a López del crimen de su suegra. Afirmación que Ruiz Marco apoyó en una nutrida jurisprudencia, la mayoría del propio TSJ y gran parte de los mismos magistrados a los que se estaba dirigiendo.
Tres horas frente a siete minutos
Para el abogado de Vicente Sala, no tiene ninguna lógica que se emplearan más de tres horas en debatir el objeto del veredicto y apenas siete minutos en devolver el primer acta, «sin que desde el minuto 3,28 se pudiera hacer nada», aseguró en alusión a la actitud de juez contraria a desvelar su contenido. Por desconocer, concretó, ni tan siquiera sabían al término del proceso si había un dictamen o dos, como prueba el escrito en el que reclama estos documentos. «Se ha desnaturalizado la razón de ser de los trámites y se les ha impedido a ustedes que puedan revisar lo que se hizo. Y sin proceso legal, puntualizó el letrado, no hay Justicia».
La decisión sobre si se anula o no el juicio podría conocerse en este mes.
La defensa: «El asesinato está juzgado»
«Si creían que se estaba vulnerando algo, que lo hubieran dicho entonces y no después», señala el abogado
Para Javier Sánchez Vera, el defensor de Miguel López, el crimen de María del Carmen Martínez «no ha quedado impune porque ya está juzgado». La base de la sentencia absolutoria, que atribuye el asesinato a un desconocido, son las deliberaciones del último veredicto, a partir de que entra en el tribunal el primer suplente por la indisposición de una de los miembros del jurado. «Lo demás son fuegos de artificio», espetó. El letrado respondía así a la demoledora exposición de las acusaciones, a las que recriminó que no alegaran en el momento en que se devolvió ese primer dictamen la indefensión que después argumentaron en sus recursos y ayer expusieron ante el Tribunal Superior. Para Sánchez Vera, «nadie les impidió pedir el acta y ahora pretenden que se repita un juicio de nada menos de un mes de duración», dijo.
El letrado tachó de inverosímil que el primer acta fuera condenatoria, calificó de «correctísimas» las indicaciones de la magistrada Bru al jurado y agregó que reclamar un veredicto más motivado nunca puede ser malo para ninguna de las partes. «Todo lo alegado por las acusaciones es extemporáneo e irrelevante», resumió al término de su intervención.
