La devolución del primer veredicto del caso Sala «cercenó de raíz» los derechos de las acusaciones de forma «irreversible» de tal manera que «no existe otra manera de reparación que la nulidad del juicio». Éste es uno de los argumentos esgrimidos por el abogado Francisco Ruiz Marco, que ejerce la acusación particular en nombre del hijo de María del Carmen Martínez, asesinada de dos disparos en la cabeza, en su recurso contra la sentencia que absuelve a su yerno Miguel López del crimen y que fue presentado a última hora de la mañana de ayer. Tanto el acusador particular como la Fiscalía han pedido a la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la anulación del juicio, lo que conllevaría celebrar otro con un jurado y un magistrado distintos.
Buena parte del recurso de Ruiz Marco se centra en el momento en que la magistrada Francisca Bru devolvió el primer veredicto al jurado popular la noche del 8 de noviembre, un día y medio después de acabar el juicio, por falta de motivación. Según las fuentes consultadas por este diario, este primer dictamen fue condenatorio por siete votos a dos. Tras la devolución, treinta horas después, el tribunal declaró no culpable a Miguel López de la muerte de su suegra, viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala. Al reclamar el primer acta, la respuesta dada por el letrado judicial a las partes fue que no constaba unida a las actuaciones, lo que impidió comprobar si la motivación para devolver ese veredicto era suficiente o si, como tiene confirmado este periódico, era condenatorio. Tras pedir que lo explicara, este martes el secretario añadió que el documento era un «borrador» y que fue destruido.
Ruiz Marco asegura en el recurso que, antes de la devolución, la magistrada debió haber dado audiencia a las partes en una vista sin presencia del jurado. Con esa negativa, les privó de conocer el contenido concreto del acta de votación, así como de su derecho a ser oídos y a presentar alegaciones. «No tuvieron ocasión alguna de combatir una decisión crucial en el desarrollo del procedimiento», recalca el letrado, a lo que añade se les arrebató la posibilidad de pronunciarse sobre cómo debían subsanarse los eventuales defectos. Una «indefensión» que ni se subsanó, ni se reparó, «sino que fue agravada», subraya.
El recurso de Ruiz Marco incide en que la decisión de la magistrada de no entregar «injustificadamente» el acta destruida a las partes, sin que haya constancia alguna de ella en los autos, supone «una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías». Y recuerda que Bru llegó a afirmar que «esta acta es mía» cuando se negó a facilitársela esa noche. «Y acaso por considerarla suya (un mero borrador), la primera acta de la votación, firmada por los nueve jueces ordinarios del caso (...) producida en el seno de un procedimiento judicial y en la propia sede del tribunal, no consta unida a las actuaciones», recalca, recordando así la contestación dada por el secretario judicial cuando se le reclamó el documento.
«Resulta incuestionable que (...) el acta iba a ser una extraña suerte de documento secreto al que las partes no podían tener acceso» ni durante la comparecencia no celebrada, ni durante la devolución, ni en el momento de utilizar el recurso de apelación, se lamenta el abogado de Vicente Sala. Estas actuaciones «no constituyeron simples deslices, sino que (...) fueron fruto de un incorrecto entendimiento de la ley y su aplicación», asevera. Y recalca que supondría «la ausencia de control alguno» de este trámite de devolución. Ni por las partes, ni por el «ineludible control jurisdiccional» reservado a los tribunales superiores, apostilla. La aplicación de la ley hecha por la magistrada «impide radicalmente que el TSJ pueda revisar si el veredicto adoptado por el jurado (...) adolecía o no de algún defecto que justificara la devolución» y alerta de que avalar esta decisión «abriría de forma inadmisible un espacio a la arbitrariedad».
Para Ruiz Marco, las instrucciones que dio la magistrada al jurado en la devolución «rebasa con holgura» lo que la Ley del Jurado prevé con este trámite, que sería «la subsanación o corrección de un déficit en la sucinta motivación, y no el provocar un vuelco radical en el veredicto». Por eso plantea en el recurso que hubo «parcialidad» por parte de Bru cuando dio las explicaciones al tribunal popular, «con las que resultaba patente que los jueces legos debían centrarse en las pruebas de la defensa», y no en las acusaciones.
El fiscal da cuenta a sus compañeros del recurso para pedir repetir la vista
La Fiscalía pospone a la decisión del TSJ su postura de abrir diligencias por el dictamen condenatorio destruido
El fiscal del caso Sala, José Llor, dio cuenta ayer a sus compañeros del recurso con el que pide al Tribunal de Justicia de la Comunidad (TSJ) la anulación del juicio tras el que resultó absuelto Miguel López. La comparecencia se desarrolló por la tarde durante la junta ordinaria de fiscales que estaba convocada. En el transcurso de la sesión, Llor hizo un resumen de las incidencias del proceso y expuso las líneas generales del recurso ante sus compañeros. Fuentes consultadas por este diario señalaron que en la apelación al TSJ incidirán en los mismos aspectos que ha planteado la acusación particular. Aunque el recurso formalmente se presentó ayer, aún quedaba por aportar alguna documentación, que se cumplimentará esta mañana.
En dicha junta, no se adoptó acuerdo alguno sobre la apertura de diligencias de investigación para aclarar lo sucedido con el primer veredicto del caso Sala, después de que el secretario judicial Manuel Cerdán respondiera que el acta se destruyó porque era un borrador. En el comunicado firmado por el fiscal jefe de Alicante, Jorge Rabasa, al término de la reunión, se limitaban a asegurar que «se estará a lo que se resuelva por ese cauce», en alusión al TSJ.
