Miguel López está desde ayer libre de toda culpa en el asesinato de su suegra. Una decisión del tribunal popular que le ha juzgado y a la que el hecho de que no sea firme al caber recurso ante dos instancias judiciales (el Tribunal Superior y el Supremo), no le resta un ápice de legitimidad. Seis de los nueve miembros del jurado no se han creído que matara a María del Carmen Martínez de dos disparos en la cabeza en el lavadero del negocio de coches que regentaba. Y eso va a misa. En realidad hubiera bastado con cinco. Pero también ha habido tres que no han compartido la misma valoración de unas pruebas que en dos años de pesquisas no se han podido desprender del apellido de indiciarias.
Porque es ahí, en el germen de la investigación, donde hay que buscar el principio del fin de la historia que ayer se vivió en una sala de vistas de la Audiencia de Alicante. Un epílogo con la lógica alegría por parte del acusado y su entorno y la no menos razonable y amarga sensación de que habían vuelto a matar a María del Carmen con la que su hermana y su hijo mayor se marcharon a casa.
Una instrucción policial y judicial, decía, cuya solvencia ha estado en entredicho casi desde su inicio, cuando desde la cúspide de la Comisaría provincial que dirige Alfonso Cid se decidió comenzar la casa por el tejado y ponerle además fecha al fin de la construcción.
En dos meses vaticinó el comisario que el crimen iba a estar resuelto. La viuda del expresidente de la CAM fue asesinada el 9 de diciembre de 2016 y su yerno, detenido el 8 de febrero de 2017. Acertó. Y le sobró en un día. En lo que ya no estuvo tan acertado fue en la dirección de las pesquisas. Montó un relato en torno a lo que apuntaban las primeras sospechas. La lucha fraticida entre los dos bandos en los que se había dividido la familia Sala por el control del emporio empresarial, lo que no era desacertado. Pero se falló al invertir el sentido del relato y al no abrir el foco lo suficiente como para disipar unas dudas que después han devenido en montañas ocultando quizá a personajes que aún permanecen a la sombra. Y, sobre todo, erró estrepitosamente al no calibrar sus fuerzas y rechazar una ayuda que posiblemente hubiera cambiado el desenlace de este turbulento proceso.
Unas lagunas, las policiales, a las que hay sumar el también cuestionable papel de la vertiente judicial. La mejorable proactividad del instructor, el magistrado José Luis de la Fuente, en contraste con el rol que la presidenta del tribunal popular, la magistrada Francisca Bru, ha jugado en la dirección de una vista donde ha sido el azote de la acusaciones, tanto de la pública como de la particular, trascendiendo en ocasiones el mero arbitro en una sala donde los jueces eran otros y eran nueve.
Y mientras tanto, hay un asesino en la calle. Porque alguien tuvo que matar a María del Carmen Martínez.
