Archivo o levantamiento de la imputación en tanto aparecen, si lo hacen, indicios que obliguen a encausarla de nuevo. Éste es el singular planteamiento que los abogados de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, en el proceso que se sigue contra ella (además de contra su predecesor Luis Díaz Alperi y contra el empresario Enrique Ortiz, entre otros) por supuestas irregularidades en la tramitación del PGOU de la ciudad han presentado al magistrado Manrique Tejada. El juez es, de nuevo, el instructor de este procedimiento después de que le fuera devuelto por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad tras la dimisión de Castedo y Alperi como diputados autonómicos, lo que acarreó la pérdida del aforamiento y el retorno a un juez ordinario, precisamente al que en 2010 arrancó la investigación en Alicante después de que le fuera remitida desde un juzgado de Orihuela como pieza separada del caso Brugal, la mayor operación contra la corrupción política-empresarial llevada a cabo en la provincia.
Apenas una semana después de que Tejada asumiera la competencia del asunto, lo que hizo en un auto fechado en pasado día 17 en el que aparecen los 21 imputados en estas actuaciones (aunque para la mitad ya planteó el sobreseimiento cuando envió el asunto al TSJ, con lo que es de suponer que mantendrá el mismo criterio), los abogados de la regidora han presentado un escrito donde, según a podido saber este diario, le resumen al juez las actuaciones llevadas a cabo en el TSJ durante los dos años que han permanecido en el máximo órgano judicial de la Comunidad. Allí la primera edil testificó en dos ocasiones: una citada por el juez y otra a petición propia.
Todo ello en el marco de una instrucción que, según interpretan los letrados, ratifica la ausencia de delitos en el caso de su clienta, cargos de los que, afirman, tampoco había indicios en la exposición razonada que el propio Manrique Tejada envió al TSJ y donde el magistrado hacía referencia expresamente, en el caso de Castedo y de Alperi, a los presuntos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.
Como una condena
En la misma línea que han mantenido desde que se hicieron cargo de la defensa de la alcaldesa, José María Asencio y Juan José Martínez Albert insisten en su primer escrito a Tejada en la petición de archivo para su clienta que han reiterado hasta la saciedad ante el magistrado del TSJ Juan Climent. Pero con un curioso planteamiento alternativo: el levantamiento de la imputación, condición a la que la regidora retornaría en el supuesto de que a lo largo de la instrucción aparecieran indicios que obligaran a imputarla de nuevo.
Una petición novedosa pero, según fuentes próximas al caso, harto improbable que sea atendida habida cuenta de que sólo se contempla la posibilidad de que la regidora pudiera ser desimputada en el caso de que el instructor llegara al convencimiento de que se no le puede atribuir delito alguno, lo que llevaría al archivo de las actuaciones en lo que a ella respecta. Cualquier otra posibilidad no se baraja en estos momentos en un procedimiento en el que apartar a la alcaldesa de la instrucción supondría para el juez desdecirse de lo que hasta ahora ha mantenido, un escenario que no parece posible.
Los abogados insisten en los dos años que su clienta lleva imputada (desde que el asunto llegó al TSJ) y ponen especial ahínco en hacer ver al magistrado que para una política como Castedo esta situación viene a ser similar a una condena con el daño que para su futuro profesional conlleva.
De momento este escrito, que los letrados han intentado que no trascendiera para evitar, aseguran, la presión mediática al magistrado, no ha sido aún proveído a la espera de que Castedo se persone en la causa. Un trámite que los defensores de la regidora consideraban que ya estaba cumplido desde el momento en que lo hicieron en el TSJ pero que, no obstante, cumplimentarán en breve. De hecho, la primera edil es de los pocos imputados en la causa que a estas alturas queda por personarse.
