Dividir para agilizar. Esta es la idea que los abogados de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, piensan trasladarle al magistrado Manrique Tejada una vez la regidora renuncie a su escaño en las Cortes, lo que supondrá la pérdida del aforamiento, la de la competencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad para seguir instruyendo este asunto, y como consecuencia, su devolución a Alicante.
Los defensores de la primera edil están diseñando ya la estrategia para cuando esto ocurra, que podría materializarse en los próximos días, y ya han decidido que el primer planteamiento que harán al magistrado Tejada, quien tendrá que retomar el caso que comenzó a instruir una vez se lo se lo devuelva el TSJ, será el de desgajar el asunto en piezas: por una parte la que afecta directamente al PGOU y a su clienta y por la otra, lo que ellos denominan delitos conexos.
En este apartado incluyen las pesquisas para determinar quién pagó el viaje a Creta en un jet privado del exalcalde y exdiputado Luis Díaz Alperi o la investigación sobre los bungalows de la playa de San Juan que sus tres hijos han venido ocupando. Unos inmuebles que, al igual que el viaje hasta la isla griega, tanto la Policía como las acusaciones consideran que fueron regalos del empresario Enrique Ortiz, también imputado en esta causa al igual que Castedo y Alperi, entre otros, a cambio de la información reservada que sobre el planeamiento urbano de la ciudad le facilitaron los políticos populares.
Unos hechos que, en la misma línea que han venido manteniendo ante el instructor del proceso en el TSJ, Juan Climent, los abogados de la regidora insisten en que no se han probado ni durante los dos primeros años de conversaciones intervenidas por orden de un juzgado de Orihuela, ni en los dos que la causa estuvo en Alicante ni en los otros dos que ha estado en el TSJ.
Los abogados consideran que con la división en piezas se agilizaría la instrucción y ponen como ejemplo lo que se ha hecho con macroprocesos como la rama valenciana de la trama Gürtel, dividido en seis piezas de las que una de ellas, en las que están acusadas la exconselleras Angélica Such y Milagrosa Martínez, está sólo a falta de que se decida qué tribunal es el competente para juzgarla. O el caso Cooperación, en el que esta misma semana se ha desgajado de la pieza que quedaba (la primera ya ha sido juzgada y está pendiente de sentencia) en otras dos, una dedicada a la investigación de las ayudas a distintas ONG de 2009 a 2011 y la otra, centrada en las acciones institucionales en materia de cooperación destinadas a la reconstrucción de Haití tras el terremoto de 2010.
Los abogados de Castedo entienden que la línea que separa los hechos relativos al PGOU del resto está marcada en la exposición razonada que el juez Tejada envió al TSJ y añaden entre los asuntos que tendrían que investigarse aparte el de la cuenta localizada en las islas Caimán al exedil socialista Javier Gutiérrez, socio del hermano de la alcaldesa José Luis Castedo e imputados ambos también en este proceso.
