05 de julio de 2012
05.07.2012
Rama del caso Brugal sobre el PGOU

El juez pide imputar a Castedo y Alperi por amañar el PGOU de Alicante a favor de Ortiz

Manrique Tejada entrega a los abogados la exposición razonada que enviará al TSJCV por el aforamiento de la alcaldesa y su predecesor, a quienes pide que se impute por tráfico de influencias, cohecho y revelación de secretos. El magistrado Juan Climent será el ponente del caso Brugal que incluye esta investigación

05.07.2012 | 02:00

El juez que instruye la rama del caso Brugal sobre supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante ha enviado la causa al Tribunal Superior de Justicia valenciano y ha pedido la imputación de la alcaldesa, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos diputados.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juez ve en Castedo y Alperi, aforados en su condición de parlamentarios autonómicos (PP), indicios de los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho.

En esta pieza separada del caso Brugal se investigaban supuestos amaños en el Plan General de Alicante a favor del constructor y promotor Enrique Ortiz, que es uno de los imputados.

La exposición razonada del juez especifica que "teniendo en cuenta la jurisprudencia y legislación vigente citada, a la vista de que concurren indicios de la posible comisión de hechos delictivos, y a los efectos de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana pueda evaluar su competencia para conocer del procedimiento al concurrir, a juicio de este instructor, la necesidad de imputación formal de dos representantes legislativos de la Comunidad Valenciana, Dª. Sonia Castedo Ramos y D. Luis Bernardo Díaz Alperi, es por lo que se eleva la presente exposición razonada, estimando que este Juzgado no es legalmente competente para concluir la instrucción de la causa".

Este mismo texto es el que se remitirá a Valencia, a la sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia donde, de admitirse la causa, como todo apunta a que se hará, proseguirá la instrucción dirigida a partir de ese momento por uno de sus miembros: la componen la presidenta, Pilar de la Oliva, y cuatro magistrados más. De ahí habría que excluir a José Ceres, inmerso ahora en la instrucción de la presunta financiación ilegal del PP.

Lo que sí parece probable es que una de las primeras actuaciones que tendrá que realizar el instructor será la citación a declarar de Alperi y Castedo en calidad de imputados.

El fiscal Felipe Briones ha mantenido los mismos cargos tanto contra la regidora como contra Alperi que en su escrito inicial con el que se dio origen a este procedimiento. El acusador público considera que ambos representantes públicos son responsables de los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias y cohecho por facilitar datos secretos del planeamiento urbano de Alicante a empresario Enrique Ortiz a cambio de dádivas.

El juez instructor, Manrique Tejada, titular del Juzgado de Instrucción 5 de Alicante, desgrana en su exposición razonada las diligencias previas seguidas contra otras 15 personas más, entre las que figuran el arquitecto del proyecto de revisión del PGOU, Jesús Quesada; el abogado y hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, varios empresarios y dos exdirectores generales adjuntos de Bancaja.

Sobre este grupo de personas el juez ve indicios de delito relacionados con el aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, cohecho, tráfico de influencias, asesoramiento ilegal o revelación de información privilegiada por funcionario.

Aunque el juez entiende que la actual fase de la instrucción "no permite la concreción del tipo de cohecho", apunta que, en función de los indicios, este delito puede darse como consecuencia de "la percepción y/o solicitud de dádivas" por parte de Castedo y Alperi al facilitar "información que no debía ser pública del PGOU".

"Incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular -Enrique Ortiz-, prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés privado", añade en su razonamiento el juez instructor.

En este sentido, recuerda que el Tribunal Supremo, en materia de contratación pública, sostiene "que no se trata de identificar la injusticia del acto con la propia percepción de la dádiva, sino de constatar el hecho de que la adjudicación de una obra pública precondicionada por un acuerdo previo adoptado en función de una dádiva" constituye "un acto intrínsecamente injusto".

En referencia a Enrique Ortiz, el juez refleja presuntos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, tráfico de influencias y cohecho.

Por lo que respecta al delito de tráfico de influencias que se le imputa a este empresario, el juez apunta "indicios acreditativos de la especial relación" que Ortiz mantiene con Castedo y Díaz Alperi.

De hecho, ha incluido en el escrito la transcripción de una conversación telefónica intervenida por los efectivos policiales en mayo de 2008 en la que la entonces edil de Urbanismo y hoy alcaldesa le dice a Ortiz: "Te hemos apañado también lo de...lo que hay entre el APA 9 y Lomas de Garbinet"... "y tenemos apañado también lo del Rico Pérez", en referencia a zonas e iniciativas urbanísticas.

La citada conversación se produjo once días antes de que el arquitecto director de la revisión del PGOU entregara en la Gerencia de Urbanismo este trabajo para su exposición al público.

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