Fieles a la estrategia de defensa que han venido manteniendo desde el principio, los abogados de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en el proceso que se investiga en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad por la supuesta revelación de datos reservados del PGOU de la ciudad al empresario Enrique Ortiz, también encausado, entre otros, en este procedimiento, han presentado un nuevo y denso escrito al instructor, el magistrado Juan Climent, en el que, además de volver a pedir el archivo de las actuaciones para la regidora, acusan al juez de pasividad en la instrucción de este proceso.

Cuando no ha pasado ni una semana desde que, en respuesta a otro escrito presentado en agosto, Climent propinara un nuevo varapalo a la defensa de la primera edil (una tarea en la que a Juan José Martínez Albert Albert se acaba de sumar oficialmente el catedrático de Derecho Procesal José María Asencio), los letrados han vuelto a la carga. En más de un centenar de folios, los abogados no sólo reiteran sus sempiternas reivindicaciones de anulación de las intervenciones telefónicas «de modo inmediato y anterior de la posible apertura del juicio oral» y el sobreseimiento de las actuaciones en lo que afecta a la alcaldesa por no existir pruebas que la incriminen, sino que arremeten contra el magistrado por el modo en que está llevando la instrucción. «Se quiere poner de manifiesto la pasividad del señor instructor que, negándose a concretar la imputación (en alusión a la regidora) de forma reiterada, no ordena ninguna diligencia a tales efectos», precisan los letrados que añaden que «la negativa a formular una imputación debería haber venido acompañada, inmediatamente, por la petición de diligencias tendentes a esa concreción o por el alzamiento de la imputación, si se aplica la doctrina de la sala. Nada se ha hecho más allá de negar lo que a la defensa es imprescindible (...) lo que es exigible a quien es el director de esta fase de instrucción. (...) Lo que no es procedente es abrir una instrucción cual si fuera ordinaria olvidando que se está ante un proceso en el que concurren aforados y no aforados a los que se niega su propio fuero sobre la base del voluntarismo de las acusaciones», continúan para aventurar que «la nulidad de la instrucción es, pues, una probabilidad no descartable».

Asencio y Martínez Albert vuelven a insistir en esta crítica al asegurar, en relación al juez, que «el hecho de negarse a concretar una imputación, sin a su vez pedir una sola diligencia de oficio, es relevante de la imposibilidad consciente de efectuarla» y añaden que «a día de hoy los presuntos delitos no han quedado determinado tras cinco años».

En el apartado de solicitudes, los abogados piden, como alternativa al archivo del caso, que se levante la imputación a la alcaldesa. También reclaman, en el supuesto de que no se atiendan las dos primeras peticiones, que el magistrado dicte una resolución en la que dé respuesta a cuestiones tales como qué documentos reveló la alcaldesa, si se considera definitiva la aprobación provisional del PGOU, cuál fue el acto de influencia cometido por Castedo y frente a quien o qué actividad se le imputa en el caso de la venta del Mini, entre otros planteamiento.

En la misma línea, quieren los letrados que Climent explique si las diligencias pendientes de practicarse (como el informe patrimonial del exalcalde Luis Díaz Alperi, también imputado, y su familia) afectan a su clienta y que dé un plazo improrrogable de un mes a las partes para que pidan todas las diligencias que consideren pertinentes «y evitar una prolongación innecesaria de este ya dilatado proceso».