En las filas del PP se empieza a asumir cada vez con mayor nitidez que la situación judicial de Sonia Castedo -imputada en la pieza de Brugal que analiza el supuesto amaño del PGOU de Alicante y pendiente de lo que ocurra con la investigación sobre el plan Rabasa- añade cada vez más dificultades a la posibilidad de que repita como candidata a la Alcaldía. Durante un encuentro con el Rotary Club Alicante-Costa Blanca celebrado el jueves, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, dejó claro que no habrá encausados por corrupción en las listas de 2015 e, incluso, en el caso de Castedo, aseguró que «los que se han equivocado, ya saben dónde está la puerta». En la cúpula popular de Alicante, defensora durante meses de la continuidad de la primera edil por su innegable «tirón» electoral, ahora también se empieza a considerar seriamente que Sonia Castedo no podrá repetir y, por tanto, entienden, sería necesario buscar una solución pactada que facilitará un relevo pacífico en la candidatura del PP a la Alcaldía de Alicante a cambio de garantizar a la edil su regreso a la política en el supuesto de que, finalmente, quedará libre en Brugal.

Los indicadores, en estos momentos y como señalaron estas mismas fuentes, apuntan todos en contra de Castedo. Los audios con las escuchas del sumario sobre el plan Rabasa que incluyen conversaciones de la alcaldesa y el constructor Enrique Ortiz, imputado junto a la primera edil por las operaciones urbanísticas en Alicante, se han convertido en el percutor que ha puesto a la alcaldesa contra las cuerdas. Le ha hecho más daño, en opinión de estas mismas fuentes, que la imputación con un notable impacto ciudadano. Además, los tiempos judiciales no le favorecen. La vuelta a Alicante del sumario sobre el supuesto amaño del planeamiento urbanístico de Alicante le ha dado otro parón y encima, además, aún está por ver que decide el juez sobre la investigación de Rabasa.

Parece difícil que se resuelva a tiempo su imputación antes de la elaboración de las listas. Contar con Castedo como alcaldable podría suponer, en último extremo, tener que retirarla, a lo mejor, pocos meses después de las elecciones en el supuesto de que se le terminara abriendo juicio oral y, además, entregarle munición a la oposición en un momento en el que los ciudadanos se muestran implacables con la corrupción.

Así las cosas, la situación, como reflexionaron estas fuentes, no favorece en ningún caso la continuidad de la primera edil como candidata del PP. A los populares, además, no les vendría bien que Castedo jugara la carta de montar su propio partido, tal y como ha amagado en un par de ocasiones durante el último mes. La «solución inteligente», subrayan, sería garantizar un final de mandato dando estabilidad al Ayuntamiento de Alicante y que ambas partes buscaran una salida pactada. Castedo dejaría paso pero, a su vez, con la garantía de que retornaría a un puesto de relevancia en el supuesto de que resultara indemne de los procesos judiciales en los que está inmersa. En el PP de Alicante confían aún en que la alcaldesa salga «limpia».

Mientras, en las filas populares continúa la zozobra después de que el juez de Gürtel pusiera a las puertas del banquillo a tres exconsellers y a un diputado del PP por adjudicar contratos a la trama. La consellera María José Catalá volvió a marcar distancias por completo con los gobiernos de Francisco Camps además de enseñarle la puerta de salida y, por tanto, de la dimisión a David Serra, aún con escaño en las Cortes.