Coepa se declara en concurso de acreedores y el Consell promete ahora buscar solución

La Generalitat se descuelga con el anuncio de una propuesta horas después de que la patronal acuda a los juzgados - La organización tiene pocas posibilidades de salvarse por sus propios medios al carecer de patrimonio

11.03.2016 | 01:25

Alicante ya se quedó sin caja de ahorros y ahora podría perder también a su principal organización empresarial. La patronal provincial, Coepa, decidió no agotar los plazos y presentó ayer en el juzgado la solicitud de concurso voluntario de acreedores, al considerar que ni el Consell ni el Ayuntamiento de Alicante habían respondido a su petición de ayuda para evitar la quiebra. Una respuesta que, sin embargo, se produjo por la tarde cuando, tras saltar la noticia a los medios de comunicación, desde la Generalitat anunciaron la presentación a los empresarios de una propuesta para solucionar la deuda que mantienen con el Instituto Valenciano de Finanzas, por el crédito que éste les concedió para la construcción de su centro de oficios. Una deuda de 3,9 millones de euros que es el principal motivo de la insolvencia de la patronal.

Eso sí, desde Presidencia de la Generalitat no pudieron concretar el contenido de dicha propuesta, de la que tan sólo señalaron que será «jurídica y económicamente viable», y que permitirá a Coepa solventar este problema. Tampoco quisieron facilitar la fecha en que se hará pública.

Lo cierto es que la reacción del Ejecutivo autonómico resulta, cuanto menos, sorprendente ya que fueron la falta de perspectivas de llegar a un acuerdo sobre el centro de oficios y las trabas del IVF para conceder una prórroga las que llevaron a Coepa a solicitar el concurso voluntario ayer, un día antes de que venciera el plazo legal para hacerlo. Los empresarios no querían arriesgarse a llegar tarde y que fuera alguno de los acreedores quien instase el proceso, con lo que se habrían podido exigir responsabilidades a los miembros de la junta directiva de Coepa.

Además del IVF, la patronal alicantina también mantiene deudas de alrededor de 470.000 euros con la autonómica Cierval –que ahora podría verse arrastrada a una situación de insolvencia, al tener que asumir estas pérdidas– y de algo más de 200.000 euros con diversos proveedores y con la plantilla, que no cobra desde diciembre.

Aunque el presidente en funciones de Coepa, Francisco Gómez, señaló –antes de conocer la reacción del Consell– que seguirán «trabajando para encontrar un plan de viabilidad», lo cierto es que sin la ayuda de la Administración las posibilidades de la organización de sobrevivir son muy remotas. El problema es que, aparte del citado centro de oficios, la patronal no tiene en estos momentos ningún tipo de patrimonio con el que responder frente a sus acreedores, ya que vendió su sede histórica para rebajar la deuda financiera que tenía, y las sedes que actualmente ocupa en Alicante y en Alcoy son, en realidad, patrimonio sindical. Es decir, propiedad del Estado.

Sólo las cuotas
De esta forma, los únicos fondos con los que cuenta son las cuotas mensuales de sus asociados –menos de 200.000 euros al año– y lo que pueda recibir por las subvenciones de la Ley de Participación Institucional de los meses de enero y febrero, una cantidad a todas luces insuficiente para salir del pozo, lo que deja a la patronal alicantina a un paso de la liquidación.

En cualquier caso, a partir del momento en que el juzgado de lo Mercantil número 1 admita a trámite el concurso, cualquier decisión deberá pasar por las manos del administrador que nombre el juez. Por lo tanto, también la propuesta que realice el Consell.

Fue el pasado mes de noviembre cuando Coepa decidió acogerse al preconcurso de acreedores, después de que el Instituto Valenciano de Finanzas instase el embargo de sus bienes ante los impagos del crédito para la construcción del centro de oficios. La patronal siempre ha intentado que el banco público acepte una dación en pago pero su máximo responsable, Manuel Illueca, se ha negado en redondo al considerar que no sería legal. El problema es que el centro se construyó sobre una parcela que cedió temporalmente el Ayuntamiento de Alicante, por lo que su venta para recuperar el dinero es prácticamente imposible.

La opción de la Generalitat era que el consistorio se quedara el edificio y pagara una compensación a Coepa pero el Ayuntamiento presidido por Gabriel Echávarri prefirió jugar al despiste y, tras dar esperanzas a los empresarios, finalmente dejó pasar el tiempo. En un intento por provocar la reacción de las administraciones, la semana pasada dimitió de su cargo el presidente de Coepa, Moisés Jiménez, y la patronal solicitó el amparo de Ximo Puig. Lo único que consiguieron fue una nueva reunión con el director general del IVF de la que no salieron muy esperanzados y éste fue uno de los motivos por los que decidieron optar por el concurso.

Sin embargo, desde la Generalitat señalaron ayer que si el «president» todavía no había aceptado reunirse con los empresarios, es porque aún estaba preparando su propuesta. En la misma línea, destacaron la apuesta de Puig «porque Alicante tenga una patronal fuerte y unida» y su compromiso para conseguir una solución «viable».

Los precedentes
La alicantina no es la primera patronal provincial que entra en concurso de acreedores. En abril de 2013 la CEOE-Cepyme de Ciudad Real ya pasó por este mismo proceso y con un resultado nada esperanzador para Coepa. En su caso se optó por la liquidación.

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