Los peores temores de los dirigentes empresariales valencianos se confirmaron ayer durante el comité ejecutivo de la patronal autonómica Cierval: el informe encargado a la consultora Grant Thornton concluye que si la alicantina Coepa entra en concurso de acreedores este viernes, como seguramente ocurrirá, arrastrará al mismo destino a la organización que preside José Vicente González, ya que ésta no dispone de capacidad financiera y el impago de la abultada deuda que la alicantina tiene contraída con ella la abocaría también a la suspensión de pagos. Coepa presentó el preconcurso el 11 de noviembre del año pasado al no poder hacer frente a sus deudas, singularmente el crédito de 3,9 millones otorgado por el Instituto Valenciano de Finanzas para construir su centro de oficios.
El informe, que incide en que existe corresponsabilidad de todas las organizaciones de la autonómica, afirma que la única vía para que Cierval evite la suspensión de pagos pasa por que la provincial de Valencia -la CEV-, que es la única con músculo financiero, decida rescatar a la autonómica. La Confederación Empresarial Valenciana ha convocado para este jueves una reunión de su comité ejecutivo para decidir qué postura adopta.
El panorama no es muy alentador. No solo Coepa está con la soga al cuello. La castellonense CEC se encuentra igual de mal, si cabe, como consecuencia de las irregularidades detectadas en su gestión de los cursos de formación. Las fuentes consultadas afirman que tiene 1,5 millones de euros en un contencioso-administrativo con la Generalitat. Si le obligan a devolverlo, iría a la quiebra.
Pero además ambas tienen un problema de déficit estructural: no generan ingresos suficientes para abonar sus cuotas a Cierval, lo que deja a esta en la penuria. Coepa le adeuda 470.000 euros y la CEC, unos 250.000. Esto quiere decir que, aunque saldaran sus deudas, cada año seguirían generando déficit, entre otros motivos porque, a diferencia de lo que creyeron inicialmente, la ley de participación institucional no les garantiza una financiación alternativa suficiente, dado que la administración obliga a justificar el dinero en función de los gastos.
Más poder para Valencia
Así que el dilema de la CEV es de calado. Tiene la opción de no hacerse cargo de la deuda y que Cierval incurra en concurso de acreedores por los impagos de Coepa ahora y, eventualmente, de la CEC después. En este caso, las fuentes consultadas coinciden en que la autonómica podría superar la antigua suspensión de pagos, pero los problemas seguirían sin resolverse. La otra posibilidad es la de hacerse cargo de la deuda y evitar el concurso de Cierval, lo que conllevaría cobrar la factura en la forma de una toma absoluta de control de la autonómica.
En el fondo, ambas opciones conllevan el predominio de Valencia. Ahora bien, las fuentes consultadas apuntan que una de las fórmulas a aplicar sería la disolución de las provinciales en el seno de Cierval al tiempo que se le da protagonismo a las sectoriales. Todo depende de qué suceda con Coepa.
Al respecto, los responsables de la patronal alicantina decidieron ayer apurar al máximo el plazo que tienen, hasta el próximo viernes, antes de solicitar el concurso voluntario de acreedores, a la espera de un «milagro de última hora», según explicó el presidente en funciones, Francisco Gómez. Y eso a pesar de que la reunión que mantuvieron con el director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, no fue demasiado prometedora.
Los empresarios esperaban arrancarle al IVF -que fue quien instó la demanda de embargo que obligó a los empresarios a acogerse al preconcurso- una prórroga de tres meses. Sin embargo, Illueca reiteró que no daría ese paso si no había un acuerdo del resto de acreedores de la organización y si no existían negociaciones en firme con algún posible comprador. No obstante, también dejó claro que el IVF no tiene intención de instar el concurso necesario de Coepa -simplemente seguiría con la demanda de embargo-, lo que deja en manos de la patronal esa decisión.
Los empresarios, por su parte, prevén remitir al IVF la documentación solicitada y también volverán a intentar que el Ayuntamiento se avenga a negociar. No obstante, si su iniciativa no fructifica presentarán sin falta la solicitud de concurso el viernes, sin más demora, para que el proceso tenga la consideración de «voluntario» y se proteja a los miembros de la junta directiva de afrontar posibles responsabilidades personales.
