Coepa no se da por vencida y ha decidido agotar el plazo que le concede la ley para llegar a un acuerdo que evite su entrada definitiva en concurso de acreedores y, en consecuencia, su casi inevitable liquidaciónliquidación. Así, y a pesar del poco tiempo que resta -hasta el próximo 10 de marzo-, la junta y el comité directivo de la patronal alicantina apostaron ayer por usar su último cartucho y acordaron apelar directamente al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para que propicie una solución que les permita saldar la deuda de más de 3,9 millones de euros que la organización arrastra con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por la construcción de su centro de oficios.
Un llamamiento que no es nada casual ya que, como vienen reiterando sus dirigentes en los últimos meses, desde Coepa consideran que el Consell es «corresponsable» de la situación ya que, según afirman, la decisión de poner en marcha el centro fue un pacto a tres bandas entre el Ejecutivo autonómico de entonces, que se comprometió a impartir cursos de formación para parados en el edificio, para dotarlo de contenido y financiar su construcción; el Ayuntamiento de Alicante, que cedió la parcela sobre la que se ubica; y la propia patronal, que asumió la gestión del centro.
«Aunque hayan cambiado los gestores, el Consell debe cumplir los compromisos adquiridos, igual que nosotros asumimos lo que hicieron los anteriores responsables de Coepa», insistió ayer el presidente de la patronal, Moisés Jiménez. Con este argumento, la organización empresarial pretende que Puig se implique ahora en la solución del problema o, al menos, que convoque una reunión con los consellers de Hacienda, Economía y Transparencia, y el Ayuntamiento de Alicante para alcanzar algún tipo de acuerdo «in extremis». La otra alternativa que se plantea es que el IVF conceda una prórroga que permita extender los plazos.
En este sentido, Jiménez defendió ayer que la patronal ha logrado saldar el resto de deuda que acumulaba -alrededor de cinco millones de euros- y que sólo el centro de oficios impide garantizar la viabilidad de la organización. También reiteró su disposición a presentar su renuncia si con ello facilita el entendimiento con la Generalitat, ya que el Ejecutivo autonómico ve con muy malos ojos la actual división del empresariado alicantino, tras la expulsión de Cepyme de Coepa, y el enconamiento que existe entre Jiménez y el presidente de la primera, Cristóbal Navarro.
Casi cuatro meses de gestiones
Fue el pasado 10 de noviembre cuando Coepa decidió acogerse al preconcurso de acreedores para ganar tiempo, después de que el Instituto Valenciano de Finanzas instase el embargo de los bienes y los ingresos de la patronal por el impago del crédito que ésta solicitó en su día para construir su centro de oficios. Una deuda que, incluidos los intereses, asciende en estos momentos a unos 3,9 millones.
Entonces se nombró una comisión formada por los empresarios Francisco Gómez, Antonio Arias y Cristóbal Valdés, para negociar con la administración autonómica. Desde la Generalitat, sin embargo, se rechazó de plano la posibilidad de aceptar una dación en pago, entre otras cosas, porque el hecho de que el centro esté construido sobre una parcela cedida por el consistorio alicantino complica las cosas desde el punto de vista legal.
Por eso, desde el IVF se planteó que fuera el Ayuntamiento de la capital de la provincia el que se quedara con el inmueble a cambio de asumir también el pago de la deuda o, incluso, con un nuevo crédito del banco público del Consell a más largo plazo. Pero tampoco el Ayuntamiento alicantino está dispuesto a salvar por las buenas a Coepa y, además, aunque PSOE y Compromís llegaran a aceptar, la decisión podría abrir una nueva brecha con Guanyar, que desestabilizaría aún más la coalición de gobierno.
El Ayuntamiento de Alicante, eso sí, estudia reclamar el edificio sin coste alguno ya que considera que Coepa incumplió el convenio firmado para la cesión del terreno, que exigía su uso continuado para fines formativos cuando ya lleva varios años sin apenas actividad. No obstante, el primer informe jurídico que encargaron advertía de la posibilidad de que el consistorio tuviera que asumir la citada deuda o compensar a Coepa si se producía dicha reclamación, por lo que se ha encargado un segundo informe.
A pesar de este panorama, de momento, los empresarios han decidido seguir presionando para lograr un acuerdo aunque, por si acaso y ante la brevedad del plazo, también facultaron ayer a su presidente, Moisés Jiménez, a solicitar el concurso voluntario de acreedores si también el último cartucho falla.
