Los 4,9 millones de euros que ha contemplado los últimos años como cantidad máxima a gastar el capítulo 4 del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Orihuela, que es el que se refiere a ayudas y subvenciones, no contaba con los controles que exige la legislación hasta la llegada del interventor, Fernando Urruticoecheainterventor, quien ha obligado al equipo de gobierno (PSOE y Los Verdes) a redactar un Plan Estratégico de Subvenciones y que se presentará mañana jueves, según explicó un portavoz municipal a este diario tras requerirle un documento que será de sumo interés para todos los beneficiarios. ¿Qué cómo les ha obligado el interventor?, muy fácil, poniendo todo tipo de reparos al pago de estas cantidades precisamente por su falta de legalidad y a sabiendas que previamente se habían comprometido a su abono los propios concejales y con colectivos tan sensibles como Moros y Cristianos o las comisiones festeras de las pedanías. Aunque el bipartito (PSOE y Los Verdes) no lo hayan explicado, algunos de ellos han comenzado e, incluso, finalizado actos estos últimos meses sin tener la ayuda prometida que en muchos casos comprometía la celebración del mismo pero que el interventor se negaba a pagar.
El documento regulará las bases de concesión a las entidades para su acceso a dinero público cuando hasta ahora no era necesario ni siquiera el estar inscrito en el registro -tal y como denunció el pasado mes de julio la Asociación Cultural Moros Beduinos, que no recibe ni un solo euro y sí está dada de alta- o tener un simple CIF. En la mayoría de casos estas subvenciones se daban y se siguen dando desde hace años al libre albedrío o, si se prefiere, por tradición; es decir, sin trámite de concesión alguno y sin mecanismo que regule la entrega y el destino que se da a ese dinero público, algo que intentó resolver esta legislatura Gracia solicitando facturas de gastos y teniendo problemas con muchos colectivos que no estaban acostumbrado a esta fórmula.
Informe
De todo ello la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad ya advirtió al Ayuntamiento de Orihuela en su informe de control interno, que data de 2010 pero que no se publicó hasta diciembre de 2011, es decir en esta legislatura. En el mismo se consideraba como una grave irregularidad porque «el interventor no fiscalizaba las bases reguladoras de concesión de subvenciones» pues, sencillamente, no las había. El documento técnico-económico señalaba que el 86,1% de los 2,747.349 euros dados en ayudas (2.365.642) se habían concedido a dedo y sólo el 13,9% restante en régimen de concurrencia competitiva.
Sin embargo, a partir de ahora y como ya han tenido que adoptar otros municipios caso Torrevieja, todos los colectivos tendrán que pasar por el aro del nuevo reglamento aprobado por decreto. El Ayuntamiento recoge en el mismo las bases que regirán la concesión de ayudas y de subvenciones con unos parámetros y objetivos que fijará cada concejalía.
Dicho de otro modo, el Ayuntamiento deberá publicar, cumpliendo el régimen de garantías, igualdad y publicidad, la convocatoria anual de subvenciones y todas las asociaciones interesadas en recibir ayudas -tanto las que recibían como las que no- estarán en teoría en igualdad de condiciones para que el Ayuntamiento apruebe y el interventor, por fin, la fiscalice con arreglo a ese plan.
Esto obligará a todos los colectivos, desde asociaciones festeras a vecinales o a ONG's a cumplir el trámite y no ya para acceder a la ayuda sino al proceso en sí. «Al principio será un caos para todas las asociaciones y entes de la ciudad», admitió ayer Carolina Gracia, portavoz del equipo de gobierno y edil de Hacienda. «Entendemos el lío que puede generar el cambio en la manera de proceder a los colectivos pero es el precio de hacer las cosas bien», ya que «no se ha regularizado ni esta legislatura ni en la historia del Ayuntamiento».
