Los siete acusados del asesinato del alcalde de Polop ya están en la Audiencia Provincial y el jurado ha quedado constituido pasadas las 15.30 horas por 9 miembros y dos suplentes. El juicio comenzará mañana por la mañana.
Un disparo en la cabeza acabó con la vida del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, mientras se disponía a aparcar su coche en su casa en la pedanía polopina de Xirles la noche del 19 de octubre de 2007. Los asesinos introdujeron las armas a través del hueco de la ventanilla y dispararon tres veces, huyendo del lugar. Sólo uno de los tiros le alcanzó y le dejó en estado crítico hasta que falleció ocho días después mientras permanecía ingresado en el Hospital General de Alicante. Las dos pistolas nunca se encontraron.
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Trece años después, siete acusados de ser los autores intelectuales y materiales del crimen se sientan en el banquillo en un juicio con jurado popular que arranca hoy y hasta el próximo 30 de enero en la Audiencia Provincial. Una vista oral con más de un centenar de comparecencias previstas y en la que la principal prueba es el testimonio de un testigo protegido que aseguró a los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que los acusados quisieron encargarle el asesinato. El crimen se habría urdido en uno de los reservados del club de alterne Mesalina durante el verano de 2007 y lo habrían perpetrado porteros del local por 50.000 euros, según esa declaración. Su interrogatorio, previsto para el jueves 16 de enero, será uno de los momentos claves de este largo proceso.
Todos los acusados, para quienes la Fiscalía y la acusación particular que ejercen las hijas de Ponsoda piden penas que suman más de 180 años de cárcel por asesinatopiden penas que suman más de 180 años de cárcel y tenencia ilícita de armas, están en libertad y siempre han negado tener cualquier relación con la muerte de Ponsoda.
Uno de los principales encausados por el asesinato es Juan Cano, compañero de partido de la víctima (PP) y la persona que le sucedió en la Alcaldía tras su muerte. Ponsoda fue asesinado cinco meses después de haber ganado por cuarta vez y por mayoría absoluta las elecciones municipales al Ayuntamiento de Polop.
En los primeros momentos de las pesquisas, todas las opciones estaban abiertas. Descartado que el crimen fuera un atentado terrorista, siempre se consideró que se trató de un asesinato por encargo ejecutado por sicarios. La Guardia Civil abrió varias líneas de investigación. Desde vecinos que habían tenido problemas con el Ayuntamiento por una expropiación de terrenos a un móvil relacionado con su vida privada. Todas ellas fueron descartadas y desde febrero de 2008, cuatro meses después del asesinato, Cano ya era el principal sospechoso para la Guardia Civil, según revela el sumario.
La detención de Juan Cano no se produjo hasta noviembre de 2009, poco más de dos años después del asesinato de Ponsoda. Su arresto fue el último de los siete que hizo de manera escalonada la Guardia Civil durante catorce días, basándose en las declaraciones del testigo protegido, y mientras tenía intervenidos los teléfonos de todos los implicados esperando que de sus conversaciones aparecieran datos incriminatorios.
La investigación había desvelado que el PP polopino tras las elecciones de 2008, era un partido roto, con la facción afín a Cano controlando el grupo municipal y con los partidarios de Ponsoda en minoría entre los concejales.
Urbanismo en la sombra
El enfrentamiento entre el alcalde asesinado y su número dos se remontaba a las anteriores elecciones municipales de 2003. La dirección provincial del PP había relegado ese año a Juan Cano al décimo puesto de las listas, sin posibilidad de salir elegido como concejal, después de que apareciera en una grabación reclamando una comisión a un empresario. Durante los cuatro años en los que estuvo fuera del Ayuntamiento, Cano intentó seguir manteniendo el control del Urbanismo en el municipio a través de una gerencia ajena al concejal del área, Juan Andrés Llorens, algo que no consiguió debido a la oposición del edil.
El sumario señala que durante este tiempo Cano fue albergando rencor hacia el alcalde, a quien le reprochaba el no haberle defendido ante el partido durante los dos incidentes. La Guardia Civil concluyó que tras el retorno de Cano al Ayuntamiento, éste comenzó a gestar el asesinato del alcalde para sucederlo y habría sido en el club de alterne Mesalina de Finestrat donde conoció a las personas que le habrían ayudado a llevarlo a cabo.
Según el sumario, durante el verano de 2007, Cano solía frecuentar el prostíbulo y, concretamente, la sala VIP del local, reservada para clientes distinguidos. El entonces edil tenía una estrecha relación con los responsables del club que arrancaba desde los tiempos en los que antes de entrar en política trabajó en una sucursal bancaria de la CAM de la zona. De esta manera, habrían sido los responsables del club, Ariel Gatto y Pedro Hermosilla, los que le habrían puesto en contacto con los sicarios que cometieron el asesinato. El testigo protegido sitúa en esas reuniones también a un empresario de tiendas de calzado, Salvador Ros, que también era asiduo del club. Los cuatro están acusados de ser los autores intelectuales del crimen.
El testigo protegido asegura que los cuatro le habrían propuesto a él cometer el asesinato por 35.000 euros pero, ante su negativa a hacerlo, los acusados contactaron con el español Raúl Montero y los súbditos checos Robert Franek y Radim Rakowski para que mataran a Ponsoda por 50.000 euros. Los tres trabajaban como porteros en locales de alterne de la Marina Baixa, donde se sacaban algún sobresueldo cobrado deudas y con acceso a armas en el mercado negro. Se les acusa de ser los autores materiales del asesinato, pero también de un delito de tenencia ilícita de armas, ya que aunque las dos pistolas con la que se llevó a cabo el asesinato nunca aparecieron, ninguno de ellos tenía licencia para utilizarlas.
Aunque todos ingresaron en prisión de inmediato, a los ocho meses del arresto empezaron a salir en libertad bajo fianza. Cano a la salida de la cárcel aseguró que era inocente y que él era el primer interesado en localizar a los verdaderos culpables. Con la libertad de los acusados y la ausencia de avances en la investigación de más peso que el testimonio del testigo protegido, la causa entró en un largo periodo de paralización, agravada por el traslado de la juez que impulsó la investigación y que fue relevada por una larga lista de sustitutos que se ocuparon del juzgado de manera temporal.
Finalmente, se remitió a la Audiencia en mayo de 2018 donde ha estado esperando fecha hasta ahora.
