A cuatro meses del inicio del juicio por el asesinato del alcalde de Polop, la Audiencia de Alicante busca el paradero de su principal declarante. Según la providencia a la que ha tenido acceso este diario, los funcionarios de la Administración de Justicia no han podido notificar al testigo protegido la citación para que vaya a declarar. Ni a él, ni a dos de los acusados, ni a un segundo testigo. La investigación de la muerte a tiros de Alejandro Ponsoda se apoya en el testimonio de un testigo protegido que asegura que los acusados se pusieron en contacto con él para encargarle el asesinato del alcalde polopino. El juicio está señalado del 13 al 29 de enero en la Audiencia Provincial con un jurado popular.
Esta declaración fue la que llevó al arresto del sucesor de Ponsoda en la Alcaldía, Juan Cano, así como del empresario Salvador Ros y los encargados del club de alterne Mesalina de Finestrat, Ariel Gatto y Pedro Hermosilla, como presuntos autores intelectuales del crimen; y de Raul Montero Trevejo, Radim Rakowsky y Robert Franek, como autores materiales. Una declaración que se produjo ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que no se ha ratificado después ni ante el juzgado, ni ante las defensas de los acusados, por lo que no tendría validez judicial alguna para el juicio.
Según la providencia a la que ha tenido acceso este diario, los servicios de notificaciones no han podido citar ni a Ariel Gatto, ni a Raúl Montero, así como tampoco al testigo protegido, ni a otra persona más citada para testificar. La Audiencia ha ordenado que se haga una averiguación del domicilio actual de éstos a través del punto neutro judicial. "En caso de no obtener resultados, procédase a librar una orden de requisitoria para la averiguación de domicilio y paradero de los mismos a efectos oportunos", dice la resolución.
La desaparición del testigo protegido ha sido recibida con escepticismo por parte de algunas de las defensas. "Es un poco difícil de creer que la Guardia Civil no sepa dónde está un testigo protegido al que se le ha dado una nueva identidad por medidas de seguridad", señaló a este diario uno de los letrados de la defensa. Algunos sospechan que se trata de alguna maniobra de distracción.
El testigo protegido es un antiguo portero del club de alterne Mesalina y a quien, según su testimonio, los acusados de ser los autores intelectuales del crimen le encargaron a él en un primer lugar el asesinato. Para cada uno de ellos se piden 25 años de prisión por el asesinato. Las acusaciones sostienen que Juan Cano, Salvador Ros, Ariel Gatto y Pedro Hermosilla contactaron con los ciudadanos checos Robert Franek y Radim Rakowski, así como el español Raúl Montero Trevejo para encargarles el asesinato, al no llegar a un acuerdo con el testigo protegido. Para éstos se piden dos años más (un total de 27 para cada uno) porque al delito del asesinato, se suma el de tenencia ilícita de armas. Aunque las pistolas que acabaron con la vida del alcalde del PP no fueron encontradas, se trataba de armas no registradas. Todos los acusados se encuentran en libertad por estos hechos y siempre han negado cualquier relación con el asesinato.
Las defensas siempre han asegurado que las acusaciones del testigo protegido son falsas y que con ellas intentaba obtener ventajas en otras causas penales que tenía abiertas. Por este motivo, habían reclamado a la Audiencia la verdadera identidad del testigo a fin de preparar su línea de defensa para refutar sus acusaciones, una medida a la que la sala dio el visto, al considerar que no existía riesgo para la seguridad del testigo, ya que éste tiene una nueva identidad, que sí es información reservada.
Alejandro Ponsoda murió asesinado a tiros en octubre de 2007 cuando entraba con su coche en el garaje de su casa en la pedanía polopina de Xirles. Tras dos años de investigaciones, en noviembre de 2009, fue detenido como presunto inductor del crimen la persona que sustituyó a Ponsoda en la Alcaldía tras su muerte, Juan Cano. La acusación relata los enfrentamientos entre Alejandro Ponsoda y Juan Cano, a raíz de que este último quedara relegado en las listas municipales de 2003 al Ayuntamiento de Polop debido a la aparición de unas cintas en las que Cano reclamaba dinero a un empresario. Cano acusaba a Ponsoda de no defenderle ante la dirección del partido y por tanto de no haber salido concejal. La Fiscalía señala que con la vuelta de Cano al Ayuntamiento en 2007 los enfrentamientos con Ponsoda se recrudecieron «al tratar de imponer sus decisiones». Siempre según la Fiscalía, Cano se puso de acuerdo con el empresario Salvador Ros «que había tenido conflictos con el alcalde asesinado», por la animadversión que sentían hacia Ponsoda. Para ello contactaron con los responsables del club de alterne Mesalina de Finestrat y en una de las salas VIP del local propusieron al testigo protegido cometer el crimen por 35.000 euros. Al negarse éste, propusieron el crimen a los otros tres procesados.
