De más de un mes de duración prevista de juicio a tan solo dos semanas. La Audiencia Provincial ha elaborado una auténtica limpieza de testigos en el juicio por el asesinato del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, prescindiendo de un centenar de testimonios, según el auto al que ha tenido acceso este diario y en el que se organiza el juicio. La vista oral con un jurado popular se celebrará del 13 al 29 de enero de 2020 con cerca de un centenar de testigos citados. Se ha suprimido poco más de la mitad de los testigos que se habían pedido por considerar que su testimonio es «irrelevante e innecesario» para el juicio.

El alcalde de Polop Alejandro Ponsoda murió tras ser tiroteado cuando llegaba a su casa el 19 de octubre de 2007. Como presunto autor intelectual del crimen se acusa al que fuera sucesor de Ponsoda en la Alcaldía, Juan Cano, así como al empresario polopino Salvador Ros, y a los responsables del club de alterne Mesalina de Finestrat, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto. Las acusaciones sostienen que éstos contactaron con los ciudadanos checos Robert Franek y Radim Rakowski, así como el español Raúl Montero Trevejo para encargarles el asesinato. La principal prueba es la declaración de un testigo protegido que asegura que le encargaron el crimen a él en un primer momento.

La magistrada María Cristina Costa, que presidirá el tribunal del jurado, había pedido a las partes que aligeraran la lista de más de 200 testigos que habían propuesto a fin de poder acelerar el juicio. Entre ellos, no solo se encontraban vecinos del Polop, sino también prostitutas del local donde supuestamente se habría contratado el asesinato y hasta el vidente con el que solía despachar la víctima, Alejandro Ponsoda. También se ha prescindido del testimonio de una veintena de guardias civiles por su participación de modo tangencial en la investigación.

La Audiencia va a interrogar a una buena parte de los compañeros de corporación de Alejandro Ponsoda. Sin embargo, entre los testigos a los que se ha renunciado se encuentra el que fuera presidente local del PP en aquella época y mano derecha de Juan Cano, Joaquín Montiel.

Asimismo, la juez ha autorizado a las defensas a que puedan conocer el nombre y apellido que tenía el testigo protegido en la época en que ocurrieron los hechos. La petición planteada por algunas defensas se acepta «ponderando la seguridad del testigo por un lado y el derecho de defensa que asiste a las partes para contradecir y cuestionar las declaraciones de tal testigo», dice el auto. Los letrados podrán saber cuál era su identidad en el momento de los hechos, aunque hoy tiene una nueva y otro domicilio, datos que seguirán siendo reservados para los letrados. En su día se llegaron a abrir investigaciones por amenazas al testigo protegido.