Las hijas y la viuda de Alejandro Ponsoda, el alcalde de Polop asesinado en octubre de 2007, han reclamado penas que suman cerca de 180 años de cárcel para los siete acusados y han pedido la apertura de juicio oral para todos ellos, según el escrito de la acusación particular presentado esta semana ante el juzgado y al que ha tenido acceso este diario. Se trata del primer escrito de acusación presentado ante el juzgado, donde todavía están pendientes de resolver los recursos contra la apertura de una causa con jurado popular para los procesados. La Fiscalía todavía no ha presentado su acusación.
La acusación particular, que ejerce el abogado Vicente Guerri, pide 25 años de cárcel por asesinato para cada uno de los cuatro acusados de encargar el crimen (el exalcalde de Polop Juan Cano, el empresario Salvador Ros y los responsables del club alterne Mesalina de Finestrat, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto). Para los tres presuntos autores materiales (los checos Robert Franek y Radim Rakowski, así como el español Raúl Montero Trevejo), se reclaman 25 años por el crimen y la pena de un año y seis meses de cárcel por tenencia ilícita de armas.
El escrito de acusación relata los enfrentamientos que tuvo Alejandro Ponsoda con Juan Cano, a raíz de que este último quedara relegado en las listas municipales de 2003 al Ayuntamiento de Polop debido a la aparición de unas cintas que implicaban a Cano en el cobro de comisiones. Según el escrito, Cano acusaba a Ponsoda de no haberle defendido ante la dirección del partido y por tanto de no haber salido elegido concejal. También recuerda que durante esos años trató de controlar el Urbanismo en la sombra a través de la creación de una gerencia de Urbanismo que sería gestionada por él mismo. En el año 2007, Cano consiguió volver al Ayuntamiento polopino al estar situado en el número dos de las listas por el PP y ocupó el cargo de teniente de alcalde, sucediendo a Ponsoda en el cargo tras su muerte.
Siempre según el abogado, Cano se puso de acuerdo con el empresario polopino Salvador Ros «que había tenido conflictos con el alcalde asesinado», por la animadversión que sentían hacia Ponsoda «por razón de su cargo». Para ello contactaron con los responsables del club de alterne Messalina de Finestrat y en una de las salas VIP del local propusieron al testigo protegido cometer el crimen a cambio de 35.000 euros. Al no ponerse de acuerdo con el testigo protegido, los acusados contactaron con los otros tres procesados a los que conocían por ser asiduos a los clubs del alterne y con fácil acceso al mercado de las armas ilegales. En el escrito se cifra en 50.000 euros el precio por el que se encargó el crimen.
El asesinato se cometió el 19 de octubre de 2007 a las 21.20 horas en el momento en que Alejandro Ponsoda llegaba casa en la pedanía polopina de Xirles. El alcalde fue tiroteado mientras esperaba en su coche a que se abriera la puerta del garaje. Ponsoda falleció ocho días después como consecuencia de los disparos que le alcanzaron en la cabeza. La acusación sostiene que dos de los sicarios efectuaron los disparos, mientras que un tercero les esperaba en un coche para huir.
El juzgado les notificó la apertura de una causa de jurado popular el pasado enero. Las defensas, entre los que se encuentran los abogados Carlos Ruiz Manero, Francisco González, Mariana Ivanova, Jorge Martínez Navas, siempre han esgrimido que sus clientes son inocentes y han cuestionado la credibilidad del testigo protegido que incriminó a los acusados. González consideró prematuro este escrito porque aún mno se han resuelto los recursos de las defensas.
