El PP multiplicó casi por cuatro sus ingresos de dinero público procedente de la Diputación en diciembre de 2015, justo después de quedarse sin el mando del Consell tras las autonómicas de mayo de ese mismo año. Esta decisión se adoptó después de que César Sánchez necesitara a Ciudadanos para acceder al mando de la Diputación apartando de la carrera a José Císcar, que se quedó en la presidencia del PP. El aumento de la dotación presupuestaria para los partidos contó con el firme rechazo del grupo de Compromís, que votó en contra de esta subida y recurrió la decisión.

La situación del PP era tremendamente difícil. En España, el partido se encontraba aún en shock tras perder en las elecciones de mayo de ese año gran parte del poder autonómico y local del que disfrutaba. Además, se quedaron sin 500 de las 3.300 mayorías absolutas municipales que tenían. Un batacazo electoral que les dejó en horas más bajas y sin un importante volumen de ingresos. También en la Comunidad Valenciana, bastión del PP durante veinte años, los comicios dejaron un panorama desolador: perdió la Generalitat pese a que desde 1999 registraba demoledoras mayorías absolutas. La Diputación de Alicante era el principal reducto que le quedó al PP en toda la Comunidad.

Durante sus cuatro años en la Diputación, César Sánchez se negó a entregar a la oposición las facturas de esas cantidades. Fueron Eduardo Dolón y la gerente provincial del PP los que emitieron informes contradictorios sobre el destino del dinero público que el grupo enviaba a las arcas del partido. Atendiendo a los informes de la gerente del PP, que datan de 2017 y 2018, el partido hizo un uso del dinero contrario a lo que marca la normativa interna de la institución. Además, evitó presentar la documentación que acredita el destino del gasto y que, por contra, sí que entregaron el resto de grupos. El desvío de dos de esas tres transferencias a la cuenta bancaria de Murcia se produjo en medio de un escenario de incertidumbre para el PP tras la moción de censura que puso fin, además, al mandato de Mariano Rajoy en la Moncloa.

Por el descontrol con el dinero público de los grupos, Ciudadanos se quedó en 2016 sin representación en la Diputación, tras la salida del tránsfuga Fernado Sepulcre. Sin embargo, los dos diputados naranjas que han dado ahora la presidencia a Mazón se han puesto de perfil, guardando silencio y limitándose a garantizar que gracias a ellos se ha mejorado la fiscalización actual de las transferencias de fondos que los grupos políticos de la institución realizan a sus respectivos partidos.