La actual gerente del PP de Alicante, Yolanda Murcia, certificó en 2017 y 2018 que las transferencias económicas recibidas del grupo popular de la Diputación se destinaron a la financiación de los gastos ordinarios del funcionamiento del partido, según la documentación que tiene este periódico y como ha denunciado Compromís en el juzgado. Sostiene la coalición que el anterior presidente de la institución César Sánchez, ahora diputado en el Congreso y miembro de la dirección de Pablo Casado, llevó a cabo una financiación «encubierta» de su partidos. Este informe contradice, conforme a los documentos, los certificados previos que firmados por Eduardo Dolón, entonces vicepresidente de la Diputación, garantizando que se destinaban a actuaciones conjuntas y que por lo tanto cumplían la normativa.
El PP cerró el mandado anterior sin aclarar con detalle en qué se gastó medio millón de euros que recibió como asignación a su grupo en el Palacio Provincial. Del total, la gerente admitió como gastos ordinarios del partido 251.623 euros solo en dos años, como consta en la documentación y en la denuncia de Compromís.El reglamento orgánico sobre dotaciones económicas de la Diputación establece con claridad que la transferencia de fondos deberá ser como consecuencia de gastos conjuntos entre el grupo y el partido, debiéndose certificar que la transacción efectuada se corresponde con gastos indivisibles imputables al citado grupo provincial. Compromís ha puesto en duda la justificación de las transferencias de fondos por parte del PP de la Diputación a su partido y denuncia que solo entre 2015 y 2016, los populares transfirieron a la organización provincial de su partido 195.167 euros.
Esa cantidad se intentó justificar mediante un certificado por parte del secretario general del PP y ahora presidente Eduardo Dolón, pero no se acreditó el gasto mediante facturas ni se hizo referencia a la actividad conjunta. Emitió el documento pero sin aportar ningún tipo de recibo. En estos momentos, el PP defiende que Intervención nunca ha puesto en duda la legalidad de las subvenciones y ha acusado en reiteradas ocasiones al portavoz de Compromís, Gerard Fullana, de tener un doble discurso porque en la Diputación sigue el mismo procedimiento que su partido valida en las Cortes Valencianas. Pese a que el PP ha ganado recientemente el primer pulso judicial para ahorrarse justificar sus cuentas en la Diputación, Compromís seguirá adelante y presentará una querella por posible malversación de fondos públicos. Después de que el juzgado de lo contencioso-administrativo aceptase la petición de Compromís y solicitase a la Diputación que aportara la justificación de las cuentas del PP, la institución manifestó su negativa. Aunque el juez ha dado por el momento la razón a los populares, el diputado de Compromís Gerard Fullana formalizará en cualquier caso la denuncia por este asunto al argumentar que la aprobación de las actuales ayudas no se puede formalizar si no se justifican las anteriores. Con el agravante de la contradicción de la gerente que en sus informes evidencia que el dinero se transfirió al partido y no se dedicó a actuaciones conjuntas, como se requiere en la ordenanza.
El PP fue el único partido que se negó a justificar las facturas de la asignación de dinero público que el grupo en la institución provincial le transfirió durante los últimos cuatro años del mandato de César Sánchez y que ronda el medio millón de euros. Aunque los actuales dirigentes del PP tratan de evitar conflicto con el expresidente, en la actualidad Carlos Mazón ha decidido apoyar la propuesta de Compromís para controlar con una hoja de cálculo las transferencias que recibe cada grupo, lo que le llevó a aprobar un cambio en el control de sus gastos y a rectificar las actuaciones de los cuatro años anteriores. El PP accedió a un acuerdo para mejorar la fiscalización y la transferencias de fondos que los grupos políticos realizan a sus respectivos partidos, decisión que César Sánchez se negó a tomar a pesar de la presión de la oposición.
La falta de transparencia y los gastos sin justificar vulneran la normativa de Génova
El código ético del PP exige detallar al completo la totalidad de ingresos y pagos que el partido reciba o realice
El PP incumplió en el anterior mandato su propio código ético al no acreditar sus ingresos de la Diputación durante el anterior mandato. Las normas de conducta del partido establecen con claridad que «la totalidad de los ingresos y los gastos que el partido recibe y realiza, respectivamente, deberán reflejarse contablemente de manera detallada y completa, cerciorándose de que las correspondientes operaciones existen y se registran conforme a las normas de contabilidad que resulten de aplicación». Sin embargo, el expresidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, se negó a acreditar las cuentas a la intervención, al pleno y al resto de grupos políticos, tal y como denunció en su día la oposición.
El actual diputado en el Congreso se negó a justificar a qué dedica el dinero público que su grupo político de la Diputación recibió como asignación, una aportación que desde mediados de 2015 acumuló una cifra cercana al medio millón de euros. El PP ha mantenido en todo momento que este sistema de traspasar dinero directamente a las cuentas del partido no supone un incumplimiento de la legalidad y, de hecho, este mecanismo está recogido por el reglamento interno de la Diputación creado para este fin. Subrayan que el Tribunal de Cuentas lo fiscalizó todo y que por lo tanto cumplieron estrictamente la legalidad y ya no tienen la obligación «de dar más explicaciones». De hecho, los populares llegaron incluso a negarse a aportar la documentación a los juzgados tras la denuncia formulada en su momento por Compromís.
