Trece años ha tardado en cumplirse el mandato del Estatuto de Autonomía que rige el autogobierno de la Comunidad Valenciana. En su reforma de 2006 se incluyó el proyecto para crear una Agencia Tributaria encargada de la recaudación de impuestos y de reforzar la lucha contra el fraude. La semilla la puso el anterior gobierno del PP con la creación del Instituto Valenciano de Administración Tributaria, una denominación con la que el entonces presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, trató de esconder toda reminiscencia de un organismo que pudiera asimilarse al que Cataluña reclamaba en su camino soberanista. El Consell del Botànic, sin embargo, se marcó el objetivo de cumplir con ese mandato del Estatuto desde un primer momento a raíz de la voluntad del conseller de Hacienda, Vicent Soler, el más valencianista de los miembros socialistas del Ejecutivo autonómico; y del empeño político de Clara Ferrando, de Compromís y número dos de ese departamento.
El proyecto ha caído en saco roto por falta de voluntad política del Consell y por la oposición de la Diputación cuando se propuso la idea
En abril de 2017, el jefe del Consell, Ximo Puig, en una entrevista concedida a este periódico, ponía sobre la mesa una propuesta para dar un impulso a esa Agencia Tributaria, que entonces estaba en periodo de gestación. El presidente de la Generalitat planteó que ese futuro organismo tuviera su origen en Suma -el eficiente ente de recaudación municipal dependiente de la Diputación- para que se pudiera instalar en Alicante. La iniciativa de Puig tenía un enorme calado. Suponía facilitar que la provincia tuviera, para paliar en parte la concentración en València, su primera institución autonómica con un poder real: manejar nada menos que los ingresos tributarios de la Generalitat y marcar la estrategia en la lucha contra el fraude.
Pero esa propuesta, al final, ha caído en saco roto por falta de voluntad política del Consell pero, ojo, también por la posición de la Diputación de Alicante, que atacó a Puig cuando lanzó esa idea. Unos por los otros, la casa sin barrer. Ayer mismo, el conseller Vicent Soler acompañado de Clara Ferrando ponían en marcha la Agencia Tributaria Valenciana con un nuevo logo, más de 200 trabajadores de la Generalitat adscritos al organismo autonómico y la presentación para ejercer como primera directora de Sonia Díaz, una de las funcionarias más brillantes de la administración valenciana desde su acceso a la sección de tributos en el año 2002. Finalmente, ese acto de presentación evidencia el incumplimiento de la promesa de Puig y certifica que una nueva oportunidad de instalar instituciones autonómicas en Alicante pasa de largo.
Sonia Díaz, una de las funcionarias más brillantes de la administración valenciana, será la directora de la agencia
A pesar de los anuncios del jefe del Consell, cerramos una legislatura que también ha sido infructuosa en esa materia. Como se recordará, durante la campaña electoral para las autonómicas de 2015, Puig garantizó que instalaría la conselleria de Turismo en Benidorm. No se cumplió. Luego anunció a bombo y platillo el proyecto de la Agencia Valenciana de la Innovación con sede en la ciudad de Alicante. Otro fiasco. Al final, el organismo tiene su centro operativo en València mientras que la capital alicantina se ha quedado como un adorno para cuestiones puramente institucionales. Ahora también se queda lejos de la provincia la nueva Agencia de Tributaria.
