Alejandro Morant, vicepresidente de la Diputación y alcalde de Busot, salió ayer indultado, como estaba previsto, tanto del pleno provincial como también de una reprobación en su municipio por el alegato racista que lanzó en su perfil de Facebook a principios del mes de agosto. Los votos del PP y, en el caso de la institución provincial, del tránsfuga Fernando Sepulcre sirvieron para frenar la censura contra el controvertido diputado a la que, por contra, sí se sumaron los promotores de Compromís junto a los socialistas y también EU. Pero, sin embargo, Morant, uno de los más fervientes seguidores de Pablo Casado en la provincia de Alicante, ahora se enfrenta a una sanción disciplinaria impuesta por su propio partido que, como avanzó ayer este periódico, mantiene activo el expediente iniciado por la dirección provincial por unos mensajes sobre los inmigrantes -Morant llegaba a pedir deportaciones masivas- que contradicen, como ayer recordó la propia Isabel Bonig de visita en la provincia, la línea oficial de su partido sobre este asunto.

Y lejos de amainar la polémica alrededor del discutido dirigente del PP, ahora se arriesga a un tirón de orejas de su propio partido. De hecho, el comité de derechos y garantías, tras estudiar la documentación que le envió la ejecutiva de José Císcar a principios de agosto, ya ha remitido una comunicación a Alejandro Morant en la que le apremia a presentar alegaciones en un plazo máximo de diez días antes de decidir sobre una sanción. Durante su visita a la provincia, Bonig volvió a dejar claro que la posición de Morant contradice el mensaje del PP, descartó la reprobación en base a que en su momento se disculpó y dejó claro que el procedimiento disciplinario interno sigue.

Fuentes del PP apuntaron que el hecho de que Morant haya sido requerido para el trámite de alegaciones evidencia que el comité de derechos y garantías -máximo órgano disciplinario de los populares- ve motivos para una posible censura. Alejandro Morant, que no intervino para defenderse en el pleno de la Diputación y dejó la réplica a Compromís en manos de Carlos Castillo, escribió a principios del pasado mes de agosto un mensaje en su cuenta de Facebook en el que pedía «un plan de deportaciones masivas» para los inmigrantes llegados a España y subrayaba la necesidad de «cerrar las fronteras». «Es una invasión silenciosa que acabará con el mundo occidental convirtiéndolo al Islam. Tiempo al tiempo. En unos años nos arrepentiremos», agregó. La tensión obligó a Morant a retirar su texto horas después de su publicación. Eso sí, sin ningún signo de arrepentimiento y profundamente indignado con las críticas recibidas: «Acabo de borrar la publicación que hice esta mañana para que la manada de horcos que coartan la libertad de expresión se siga cebando conmigo», zanjó sin matizar su posición en demasía. Prácticamente nada.

Junto a la situación de Alejandro Morant, la otra gran polémica del pleno de la Diputación fue el asunto de las becas provinciales que se han adjudicado dos cargos políticos contratados «a dedo» en la institución: el número tres del PP, Rafa Candela; y la asesora socialista Pilar Brotons. Frente a la presión de Compromís y de Fernando Sepulcre en este asunto, populares y socialistas votaron, en esta ocasión, juntos para salvar las becas de sus asesores. El asunto puede tener recorrido legal en el futuro.