El Consell, dentro del código de ética y buen gobierno que está elaborando, va a regular la recepción de regalos por parte de los altos cargos públicos. Entre las medidas que van a quedar contempladas destaca la creación de un registro para todos los obsequios, y la decisión de que aquellos de mayor valor vayan a parar al patrimonio de la Generalitat.
La secretaria autonómica de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Zulima Pérez, manifestó ayer durante una visita a Alcoy que el nuevo gobierno autonómico está ultimando la redacción del código de ética y buen gobierno que piensa implantar en la presente legislatura. Destaca en este documento un apartado para regular la recepción de regalos por parte de los políticos. De acuerdo con el mismo, los altos cargos tendrán que rechazar cualquier obsequio, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, por razón de su cuantía o que pueda condicionar la neutralidad u objetividad de su cometido.
Los regalos, asimismo, se registrarán y se harán públicos con detalles de su descripción, la persona o entidad que los realizó, y todos aquellos de mayor valor pasarán a formar parte del patrimonio de la Generalitat.
Zulima Pérez manifestó a este respecto que «de lo que se trata es de aplicar el sentido común. Hay regalos que entran dentro de la normalidad y que, en cualquier caso, tendrán que quedar registrados. Sin embargo hay otros, como por ejemplo los viajes, que van más allá y que no se pueden aceptar, porque en la mayoría de ocasiones buscan contrapartidas».
Los ayuntamientos podrán adherirse de forma voluntaria al código de ética y buen gobierno, como lo ha hecho ya, destacó Pérez, el Consistorio de Alcoy, al que definió como «un ejemplo de transparencia».
«Evitar duplicidades»
Por su parte, la portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, explicaba ayer tras el pleno del Consell que se ha readscrito la dirección de Medio Natural y Evaluación Ambiental en la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente en lugar de en la de Vivienda para «evitar duplicidades», «garantizar la sostenibilidad ambiental» y evitar así «los pelotazos urbanísticos» de la anterior etapa que «han llevado a la crisis más grave».
Oltra ha justificado la reordenación de competencias aprobada ayer así como el cese y nombramiento del director general por este cambio de nombre, ya que el que quiere urbanizar «tiene más presión para urbanizar que para evaluar». Por tanto, ha apuntado que «separar el que al final tiene que decidir sobre una actuación urbanística y el que tiene que dar el visto bueno desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental es lo que más se adecua al Acuerdo de Botánico en lo referente a la sostenibilidad ambiental como uno de los ejes fundamentales de la acción de este Gobierno».
Oltra ha asegurado asimismo que no le preocupa el anuncio del PP de presentar una queja por este cambio ya que, ha recalcado, «quien lo dice probablemente es el Gobierno más investigado por la UE por abusos urbanísticos». De hecho, ha recordado que precisamente esta investigación de la UE fue «la que motivó que quitaran todas las banderas europeas de los edificios públicos».
Cuestión de tiempo
Por tanto, el problema «no está en qué departamentos se encuentra la evaluación ambiental sino el tiempo en que se tarda en tener esta evaluación ambiental». En esta línea, ha señalado que a este nuevo Gobierno no le parece «un éxito» lo que ha provocado «especulaciones en el terreno de lo urbanístico, un crack inmobiliario sin precedentes que además es mucho más grave en nuestra comunidad».
Oltra apuntaba que «algunos se han beneficio mucho de los pelotazos urbanísticos y eso para algunos ha sido un éxito muy grande, sobre todo para sus bolsillos» pero «a costa del suelo público, del dinero público, y de un estallido inmobiliario que ha provocado muchísimo sufrimiento en la sociedad». Y advierte que los ciudadanos no aplaudieron su modelo de gestión urbanística en las elecciones del 24 de marzo.
