El candidato socialista a la Alcaldía de Alicante, Gabriel Echávarri reiteró ayer la oposición del Partido Socialista al macrocentro comercial que prevé el ATE de Ikea. «Alicante no necesita más macrocentros comerciales. Queremos que venga Ikea. Ikea sí, pero macrocentro comercial no», dijo. «No queremos un proyecto que puede hundir al comercio de la ciudad. Vamos a estar al lado de los comerciantes y de los vecinos y vecinas y, totalmente en contra de un pelotazo urbanístico como el que pretende ejecutar el PP antes de las elecciones», insistió.
Echávarri advirtió que «este proyecto puede ser ilegal» y anunció que «llegaremos a donde tengamos que llegar para defender los intereses de los alicantinos». El líder de los socialistas alicantinos acusó a la consellera y candidata popular de «no hacer nada para evitar este macrocentro comercial». «Dijo que iba a dialogar con todos los afectados, que iba a haber consenso. Pero nada más lejos de ello. Aquí dice una cosa y en Valencia permite que la tramitación siga su curso. Una persona que tiene un discurso en Alicante y en Valencia hace lo contrario, plegándose a los intereses que le marcan, no es de fiar», dijo.
Por su parte, el portavoz municipal de EU, Miguel Ángel Pavón, y la diputada de EU por Alicante en las Cortes, Esther López Barceló, anunciaron que su formación presentará alegaciones contra el ATE y que, en caso de aprobarse definitivamente por el Consell, la llevarán a los tribunales tanto por la vía contencioso-administrativa como por la vía penal. «El ámbito penal ya afecta al ATE a través de la pieza del caso Brugal que investiga el presunto amaño del Plan Rabassa y de la llegada de un macrocentro comercial con tienda de Ikea a terrenos del plan, el mismo macrocentro que ahora llega en forma de ATE». En este sentido, según EU, «el proyecto comercial que impulsa Ortiz es el mismo con el que se inició el procedimiento del ATE: 125.000 metros cuadrados de techo para una nueva gran superficie que amenaza con arruinar el tejido comercial tradicional de la ciudad y su área metropolitana». Sólo hay, a juicio de la formación, una diferencia sustancial. «El ámbito del sector se amplía de los 2,2 millones de metros cuadrados iniciales a los 2,4 actuales al ampliarse el parque periurbano de las lagunas con 200.000 metros cuadrados que en su mayoría son propiedad de la sociedad participada por Ortiz, Alicante Avanza». Ortiz «refuerza así su condición de propietario mayoritario del sector y sus opciones de recibir en la reparcelación la "manzana de oro", los 287.000 metros cuadrados en los que edificar el nuevo macrocentro. El pelotazo de Ortiz corregido y ampliado. Un escándalo total».
También UPyD tacha de excesiva la superficie comercial planteada. «Se trata de una gran cantidad de metros que puede desequilibrar la ciudad. Además de ser algo que no contempla el PGOU», afirma Fernando Llopis, concejal de la formación. UPyD pone como ejemplo de actuación comercial decuada la realizada en Valencia. «La superficie comercial es mucho más adecuada y no genera tantos desequilibrios».
Además, «el ATE está ubicado en parte de los terrenos sobre los que se asentaba el Plan Parcial de las Lagunas de Rabassa, anulado por la justicia lo que pude generar retrasos y sospechas sobre la nueva actuación propuesta». Por este motivo «consideramos que se deben excluir estas zonas bajo sospecha de la propuesta de ATE». El Ayuntamiento de Alicante, cree Llopis, «debería haber tramitado este plan dentro de sus competencias, de forma adecuada y no mediante este sistema extraordinario».
Por último, los comerciantes esperan a una reunión mañana con el Ayuntamiento para conocer los detalles del proyecto y consensuar sus alegaciones. Mientras, Vicente Armengol, vicepresidente de Comerciantes por Alicante, reitera el «enorme perjuicio» que el macrocentro comercial generará no sólo en Alicante, «también en localidades vecinas como San Vicente o Sant Joan».
