La izquierda volverá al Consell después de 20 años con una «herencia» envenenada. El mismo día en el que los socialistas y Compromís confirmaron su acuerdo para gobernar con Ximo Puig como presidente pero con plenos poderes para Mónica Oltra, el Banco de España certificó, en su informe trimestral, que el futuro ejecutivo valenciano se encontrará, de acuerdo a los datos actualizados al primer trimestre de 2015, un «agujero» astronómico de 37.615 millones. Una deuda récord que supera la friolera de los seis billones de las antiguas pesetas. La Comunidad, como en tantos otros indicadores negativos, lidera la clasificación: es la primera con más deuda en relación a su PIB -nada menos que un 37,5%- y la segunda en valores absolutos únicamente superada por Cataluña pero por delante, por ejemplo, de Andalucía y Madrid. El nuevo gabinete tendrá que afrontar el problema de inmediato. Ya no caben más recortes. Sólo incrementar los ingresos: bien a través de una mejora de la economía; bien mediante un cambio del actual sistema de financiación autonómica, que supone un expolio de más de 1.000 millones anuales para las arcas del Consell.
Con ese panorama, el próximo Ejecutivo autonómico tendrá muy complicado cumplir con su plan para intentar aliviar la emergencia social, reflotar los servicios públicos o poner en marcha la renta garantizada de ciudadanía. Sin caja, desde luego, no hay programa. Y no se trata de una cantidad menor. Para cubrir la deuda de 37.615 millones -239 más que a finales de 2014- que, como mínimo, heredará el gobierno presidido por Ximo Puig -faltarán por sumar los datos del segundo trimestre-, afrontar esos pagos y dejar los «números rojos» a cero habría que paralizar la gestión de la Generalitat durante al menos dos años y medio. El gobierno de izquierdas, por tanto, tendrá que hacer malabarismos para cumplir con los bancos pero, sobre todo, con Madrid, principal acreedor del Consell como avalista de los préstamos del rescate. De no poder hacer frente a esos pagos, desde La Moncloa se limitarían a descontar el dinero de la financiación. En plata: Montoro, de facto, tiene intervenida la Generalitat.
El rescate le ha servido durante los últimos tres años al Ejecutivo de Fabra para salvar los muebles. Era el maná que le permitía seguir. Pero no era una subvención a fondo perdido. Eran préstamos bancarios. Pan para hoy y hambre para mañana. Ese es el escenario al que se enfrenta el ejecutivo bipartito que formarán los socialistas y Compromís. Deberán ajustar su gestión para disponer de liquidez y poder afrontar el «día a día». Y todo ello, además, teniendo en cuenta que el Consell de izquierdas tendrá que afrontar nuevos recortes al estar incumpliendo el PP, en estos momentos, los planes de ajuste y los topes de déficit. Al margen de pedir más financiación a Madrid, dos de las primeras medidas que tomará el nuevo Ejecutivo serán una auditoría de la deuda con publicidad de sus resultados como termómetro de la situación real de las cuentas; y la creación de una agencia tributaria para combatir el fraude y recaudar de una forma más eficaz.
Cuando se marcharon los socialistas del Palau de la Generalitat en 1995, dejaron una deuda, entonces, de unos 2.400 millones de pesetas, unos 400 millones de euros. Hoy ese boquete en las arcas de las cuentas autonómicas es 90 veces superior al de hace dos décadas. Trimestre a trimestre, el Banco de España ha venido certificando desde entonces el descontrol en el gasto de la Generalitat y la evidencia de que el reparto de los fondos del Estado perjudica a la Comunidad. La única autonomía cuya renta está por debajo de la media que, sin embargo, contribuye de forma neta al cajón de Madrid. Con Eduardo Zaplana en el Palau de la Generalitat, la deuda se incrementó en cerca de 4.800 millones en siente años. En la etapa de Francisco Camps, el pufo se disparó en casi 15.000 millones. En el mandato de Fabra, con apenas cuatro años de gestión, el lastre, a raíz del rescate, creció en 15.800 millones. Una losa para el nuevo gobierno.
