El juez que instruye la causa abierta por presuntas irregularidades en la tramitación del macroplan urbanístico de Rabasa ya tiene lo que quería: la explicación de la Policía sobre las dos reuniones que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría de Alicante mantuvieron a principios de año con el empresario Enrique Ortiz, imputado tanto en este procedimiento como en el que indaga supuestos amaños en el PGOU de la ciudad, ambos investigados por estos efectivos.
Tres folios en los que el inspector jefe de la UDEF, que estuvo presente en uno de los encuentros, explica lo que este diario ha venido publicando desde que desveló las citas: que fueron dos, que se celebraron a instancias del promotor, que éste manifestó su predisposición a colaborar con la Justicia pero que de las reuniones no se obtuvo ningún fruto ante su negativa a que hubiera cometido alguna de las ilegalidades que se le atribuyen.
En el escrito que se ha enviado al juez, el inspector jefe manifiesta su convencimiento en que estas citas «no requerían autorización previa», que se desarrollaron «no sólo en cumplimiento de las funciones sino de la obligación de la Policía Judicial de averiguación del delito practicando las diligencias de investigación que se consideren necesarias en tanto en cuanto no afecten a derechos fundamentales que requieran autorización judicial para su vulneración o, en su caso, hayan sido expresamente prohibidas por la autoridad judicial competente».
Las reuniones, de las que no se levantaron acta, tuvieron lugar el 28 de enero y el 24 de febrero en locales públicos de la provincia. En la primera de ella, según la explicación de la Policía, Ortiz «manifestó de manera reiterada que se consideraba una persona inocente» al tiempo que expresó «su total predisposición a colaborar con la Justicia en todo lo que pudiera». El inspector jefe precisa que el agente presente en este encuentro le hizo saber al empresario «que la Policía no era el órgano adecuado para entender cuál podía ser el grado de esa supuesta colaboración y sus consecuencias», lo que debía tratarse con el juez o con el fiscal.
En la segunda, que se celebró en un centro comercial de El Campello, el empresario volvió a incidir en ambas ideas: en su inocencia y en su deseo de ayudar a la Justicia «en todo lo que estuviera en su mano» ante lo que los funcionarios policiales, según se recoge en el escrito remitido al juez, volvieron a indicarle que «no tenían capacidad alguna para valorar la forma, el contenido o la consecuencia» de esa colaboración y que lo único que le podían ofrecer «era el servir de correa transmisora en la comunicación de esta predisposición al Ministerio Fiscal».
Informe a priori y a posteriori
Pese a insistir en el convencimiento de que para ese tipo de encuentros no era preciso pedir autorización, el inspector jefe precisa que «con carácter previo y posterior» a estas citas se informó de las mismas «a los inmediatos superiores jerárquicos policiales, al fiscal anticorrupción Felipe Briones así como, días más tarde del segundo encuentro, de manera informal y en el contexto de una reunión mantenida por otro motivo, al titular del juzgado de Instrucción número cinco», en referencia a Manrique Tejada. Se trata del magistrado que instruye la causa del PGOU y quien se negó al requerimiento hecho por los abogados de la exregidora Sonia Castedo, imputada junto a Ortiz en ambos procesos, para que pidiera explicaciones de estos encuentros a la Policía que su colega de Instrucción seis sí ha estimado necesarias.
La decisión de Tejada está pendiente de la Audiencia, donde los letrados de Castedo recurrieron su negativa a pedir cuentas a los agentes. Un recurso que se suma al presentado por el fiscal Briones ante la postura del juez de Rabasa, Daniel Barrientos, de reclamar lo que ahora la UDEF ya le ha enviado, con independencia de lo que acabe resolviendo el órgano superior.
En cuanto a la «finalidad» de la reuniones por la que preguntaba Barrientos, se explica que «lo único que se hizo fue atender a sendos requerimientos libres y voluntarios del sr. Ortiz (...) con el supuesto objeto de recabar información que pudiera aportar algún tipo de dato relevante para los hechos investigados, los cuales, en el caso de haber arrojado algún resultado positivo, habrían sido puestos en conocimiento de la autoridad competente». En este sentido se incide en que «ni al término de la primera reunión ni de la segunda se llegó a ningún tipo de avance relevante respecto a lo anterior, pudiéndose calificarse hasta el momento del todo infructuoso el resultado de los encuentros», que no han vuelto a repetirse.
El inspector jefe aclara que el retraso en enviar la explicación al juez obedece a que se estaba esperando que su petición fuera firme una vez visto el recurso presentado por Briones, aún pendiente de resolución.
