El juez instructor del caso del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, Manrique Tejada, ha rechazado la petición de las defensas de la exalcaldesa de esta ciudad, Sonia Castedo, para que se investigaran las reuniones mantenidas entre agentes del Cuerpo Nacional de Policía y el empresario Enrique Ortiz. El magistrado argumenta que entre sus funciones no se encuentra la de «ratificar o desmentir noticias publicadas en los distintos medios de comunicación sobre nuevos hechos presuntamente acaecidos que afecten a las partes en el procedimiento», según la providencia a la que ha tenid0 acceso este diario.
Tal como ya publicó este periódico el pasado 14 de marzo, el promotor ha celebrado dos reuniones con agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial de Alicante a fin de explorar un posible acuerdo en las investigaciones que tiene abiertas y que no ha llegado a materializarse. Ortiz está imputado, entre otras causas, tanto en las piezas separadas del caso Brugal relativas a las presuntas filtraciones del PGOU, como en la de la tramitación del Plan Rabasa. Los letrados José María Asencio y Juan José Martínez Albert, que llevan la defensa de Sonia Castedo, solicitaron a ambos jueces que abrieran una investigación por los encuentros entre Ortiz y la Policía para aclarar si había autorización judicial para la celebración de estos encuentros, así como indicar si existen actas de los mismos. Los letrados adevertían de que «la Policía no puede ejecutar más actos» que los recogidos en los Ley de Enjuiciamiento Criminal, que «no prevé la posibilidad de celebrar reuniones con los imputados, no existe un acto de investigación de esa naturaleza de contornos y fines tan difusos». Los abogados sostenían que «un acuerdo con la Policía carece de justificación en fase sumarial».
Aunque contra esta decisión cabe recurso ante la Audiencia Provincial, el juez Manrique Tejada despacha la solicitud en una providencia de seis líneas. En ella resuelve que «no procede acceder a ninguna de las peticiones solicitadas» por los letrados y da por zanjada esta cuestión.
La decisión judicial es diferente a la adoptada por el instructor del caso Rabasa, Juan Carlos Cerón, quien por el contrario ha dictado una providencia en la que insta a los agentes de la UDEF a que le dén cuenta de las reuniones mantenidas, pormenorizando su número, quién las autorizó, quién tenía conocimiento de ellas y qué finalidad tenían.
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito ante el juzgado del Plan Rabasa en la que se reclama el archivo de la providencia, al considerar que la Policía «está facultada para atender a los requerimientos de los imputados y sus letrados que tiendan a la confesión total o parcial de los hechos». Según estos argumentos, los agentes sólo lo deberán comunicar a la autoridad judicial en el momento en que el resultado de esas entrevistas tengan relevancia a efectos procesales. El fiscal alertaba de que la incorporación antes de tiempo de esos encuentros al procedimiento podría suponer una contaminación para toda la causa. Cerón está pendiente de su próximo traslado a la Audiencia Provincial, donde se incorporará como nuevo magistrado el 14 de abril.
