El empresario Enrique Ortiz, imputado en las principales causas por corrupción que se están instruyendo en los juzgados de la provincia (las presuntas irregularidades en la tramitación del PGOU de Alicante y del plan Rabasa, así como las demás piezas desgajadas del caso Brugal) ha mantenido dos encuentros con agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante para explorar un posible acuerdo, que, al menos de momento, no ha llegado a materializarse.
Las dos reuniones, que han tenido lugar en los últimos dos meses y que se han celebrado en locales públicos, se han producido a instancias de Ortiz, aunque para la primera actuó como mediador un abogado de Elche que asistió a otro de los imputados en el proceso del PGOU y que ya intentó este mismo encuentro hace un par de años.
Además de Ortiz y del letrado ilicitano, a esta primera cita asistió un mando de la UDEF, la unidad que está investigando desde 2007 el caso Brugal, que supuso la apertura de una veintena de causas, y el plan Rabasa, un procedimiento que se inició a raíz de una denuncia presentada por EU en 2012.
Para la segunda reunión, que tuvo lugar hace apenas quince días, fue el empresario quien contactó directamente con el Cuerpo Nacional de Policía, dos de cuyos efectivos estuvieron presentes en el encuentro con el constructor. Uno de ellos también había asistido al primero.
La charla se prolongó durante unos tres cuartos de hora sin que se alcanzara ningún pacto, que pasaba por que Ortiz admitiera su culpabilidad en alguno de los hechos que le imputan en relación a la tramitación de estos planes urbanísticos, lo que en esa ocasión no ocurrió.
El Código Penal establece que se podrá atenuar la pena a un acusado «siempre que haya colaborado activamente con las autoridades o sus agentes (...) para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables» en los delitos investigados. Un planteamiento que fue expuesto sutilmente y con todo respeto por los agentes en el transcurso de la reunión sin que el empresario, al parecer, recogiera el guante. De hecho, ninguno de estos encuentros ha dado lugar a una declaración formal del promotor ante la autoridad judicial.
En estos procesos, además de Ortiz, están imputados los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, a quienes se les atribuye haber facilitado datos reservados del planeamiento urbano de la ciudad al promotor a cambio de prebendas.
El inminente cierre de la instrucción del proceso abierto por el supuesto amaño del PGOU después de casi siete años de investigaciones ha podido pesar en el ánimo del empresario a la hora de contactar con los agentes encargados del caso.
