El fiscal anticorrupción Felipe Briones estuvo informado en todo momento de los encuentros que el empresario Enrique Ortiz mantuvo con agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante para tantear un posible acuerdo, que no ha llegado a fructificar. La UDEF está investigando desde 2007 el caso Brugal, que supuso la apertura de una veintena de piezas, entre ellas la que se instruye por los presuntos amaños del PGOU de Alicante, y la del plan Rabasa, un procedimiento que se inició tras una denuncia presentada por EU en 2012. Además de Ortiz, y entre otros, en estas causas están imputados los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo por supuestamente facilitar datos reservados del planeamiento urbano de la ciudad al empresario a cambio de regalos que iban desde viajes hasta un Mini, según mantienen investigadores y acusaciones.
Tal y como ayer publicó este diario, el promotor ha mantenido dos reuniones en los últimos dos meses, la primera con un mando de esta brigada y la segunda con dos. Las citas se concertaron a instancia de Ortiz, quien para el primer contacto se sirvió de la intermediación de un abogado de Elche que asistió a un imputado en uno de estos procesos, y que ya intentó estos contactos hace más de dos años sin éxito entonces por la negativa del empresario.
En el transcurso de la segunda de las reuniones, que se produjo hace unos quince días en un centro comercial de El Campello, los mandos presentes dejaron claro que de estos encuentros estaba debidamente informado el fiscal Felipe Briones, el representante de Anticorrupción que está llevando estos asuntos.
La Fiscalía provincial, por contra, no tuvo conocimiento de los mismos hasta el viernes, un hecho al que se restó importancia dada la dependencia jerárquica de Briones de la Fiscalía Anticorrupción, a quien debe rendir cuentas, y no de la provincial.
Los agentes también informaron de los encuentros a algunos de los instructores de estas causas, entre los que están los magistrados Manrique Tejada, que investiga el asunto del PGOU, y Juan Carlos Cerón, instructor del proceso abierto por presuntas irregularidades en la tramitación del macroplan urbanístico Rabasa.
Discreción relativa
Aunque el asunto se ha llevado con una cierta y lógica discreción, el conocimiento del mismo no se ha limitado a los asistentes a las reuniones, al fiscal y a los jueces. De hecho, fue el propio Ortiz quien, después de la segunda cita, informó a la exalcaldesa Sonia Castedo de que se habían celebrado.
Su predecesor, por contra, no ha sabido nada de estos encuentros hasta que el tema fue publicado ayer por este diario. El exregidor habría encajado la noticia con intranquilidad, aunque otras fuentes negaron que esto fuera así.
En cualquier caso, el empecinamiento del promotor en no declararse culpable de alguno de los hechos que se le imputan dificulta, en principio, la posibilidad de alcanzar cualquier acuerdo, que podría suponer una rebaja en la pena que se acabara pidiendo para él, de llegar estos asuntos a juicio.
Al parecer, Ortiz, en su encuentro con los agentes, se negó rotundamente a reconocer ninguna de las imputaciones que se le atribuyen. Ni tan siquiera, como le habrían apuntado, la ayuda económica que supuestamente habría inyectado a una empresa del hijo de Alperi.
Otra de las posibilidades de colaboración con la Policía, que también sería tenida en cuenta en la posible condena que se acabara solicitando para el empresario, sería que Ortiz desvelara datos vinculados a otros de los imputados en estos procesos que facilitaran la investigación, algo que quienes le conocen aseguran que nunca haría.
Una afirmación que ponen en cuarentena otras fuentes, que apuntan a la presión que para Ortiz puede estar suponiendo el cierre de la instrucción del proceso por la financiación ilegal del PP en la que está acusado y por el que se le pide una pena de un año de prisión por un delito electoral relativo a las elecciones generales de 2008, más otros tres años por un cargo de falsedad documental, además de una multa de 28.800 euros.
