Conocer todos los detalles de las reuniones que mantuvo el empresario Enrique Ortiz con agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada de Policía Judicial de Alicante que investigan procesos derivados del caso Brugal en los que el promotor está imputado. Eso es lo que quiere saber el magistrado Juan Carlos Cerón, instructor de una de estas causas (la abierta por presuntas irregularidades en la tramitación del plan Rabasa) después de que los abogados que llevan la defensa de Sonia Castedo, la exalcaldesa de Alicante también encausada en este proceso) hayan reclamado que se investiguen los encuentros. Lo han hecho en un escrito presentado, además de ante el juzgado de Cerón, en el de Manrique Tejada, instructor del procedimiento que investiga supuestos amaños en el PGOU de Alicante en el que tanto el empresario como la exalcaldesa, entre otros, también están encausados.
Cinco días con un fin de semana de por medio han transcurrido desde que este diario desveló la existencia de las reuniones hasta que Cerón ha dictado la providencia en la que acuerda dirigir un oficio a la UDEF. El él pedirá que le informe «de la realidad de dichas reuniones, dando cuenta en su caso de todos los pormenores de las mismas, indicando su número, quién las ha autorizado, quién tenía conocimiento de ellas y qué finalidad tenían». Y reclama que «si se han reproducido en cualquier soporte o documento», sean remitidos al juzgados para que consten en la causa.
Hasta el momento, y que hayan trascendido, han sido dos los encuentros que Ortiz ha mantenido con los agentes, unas citas que se produjeron a instancias el promotor, que celebraron en un local público de El Campello y de las que estaba al corriente el fiscal anticorrupción Felipe Briones.
En cuanto a los magistrados, aunque una primera versión apuntaba a que ambos estaban también al tanto de los contactos, la segunda precisa que Manrique Tejada fue informado cuando ya se habían producido mientras que Cerón se enteró el sábado pasado cuando lo vio publicado en este diario, lo que no debió gustar mucho al magistrado.
Frente a la celeridad con la que el instructor de la causa de Rabasa ha reaccionado ante el escrito de los abogados de Castedo pidiendo explicaciones a la Policía, no parece que Tejada (que ayer estaba de guardia y no le había dado tiempo a leerlo) tenga intención de seguir los pasos de su colega al no ver irregularidad alguna en estas reuniones, máxime cuando el fiscal estaba al corriente. El magistrado considera que la Policía, en su labor de investigación, puede hablar con un imputado aunque el tema esté judicializado, por lo que no ve necesario pedir cuentas a los agentes.
Por contra, José María Asencio y Juan José Martínez Albert, letrados de la exregidora, mantienen en el escrito que ha dado lugar a la providencia que «la Policía no puede ejecutar más actos» que los recogidos en los Ley de Enjuiciamiento Criminal, que «no prevé la posibilidad de celebrar reuniones con los imputados, no existe un acto de investigación de esa naturaleza de contornos y fines tan difusos».
Los abogados sostienen que «un acuerdo con la Policía carece de justificación en fase sumarial, salvo que el mismo se tradujera en una reducción o modificación de los hechos investigados, lo que a todas luces es ilícito». Por ello reclamaban la apertura de una investigación que permita aclarar si había autorización judicial para la celebración de estos encuentros, si existen actas de los mismos, que se informe de su alcance y que se remita testimonio del escrito al Ministerio del Interior «para que adopte las medidas pertinentes».
Para el primer contacto entre el promotor y los agentes Ortiz se sirvió de la intermediación de un abogado de Elche que asistió a otro de los imputados en la causa del PGOU, un letrado que llevada años detrás de que se produjeran estas citas en las que al empresario se le habría sugerido que asumiera algún cohecho impropio. La negativa del constructor a admitir responsabilidad alguna en los hechos que se le imputan (sólo habría estado dispuesto a reconocer que hizo regalos a políticos, pero siempre por su condición institucional, nunca a cambio de nada, algo que la Fiscalía no aceptaría) puso serias trabas a que, al menos hasta la fecha, se haya podido alcanzar un pacto.
