Después de semanas de rifirrafes entre el magistrado que instruye el proceso por los presuntos amaños del PGOU de Alicante, Manrique Tejada, y el comisario jefe provincial, José Javier Cuasanterifirrafes , a cuenta del retraso en la entrega de los informes policiales que quedan pendientes de esta investigación, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) trasladaron ayer hasta el Palacio de Justicia de Benalúa dos cajas con más de un centenar de documentos relativos al patrimonio del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi.
Tras la entrega el pasado día 7 en el juzgado que comenzó a investigar el caso Brugal (del que se desgajaron una veintena de piezas, una de ellas la del PGOU) del material informático incautado en los registros realizados en julio de 2010, quedaba pendiente de aportar al juzgado de Tejada el informe sobre el patrimonio de Alperi que pidió primero el Tribunal Superior de Justicia (donde se envió por el aforamiento del exregidor y de su sucesora, Sonia Castedo) y después el propio Tejada. Eso fue lo que hicieron ayer los dos agentes de la UDEF que, además del informe, le llegaron al magistrado la respuesta al último requerimiento que ha hecho al comisario conminándole a que le dijera la fecha en la que iba a estar finalizada la investigación así como los medios con los que cuenta para llevarla a cabo.
Aunque es poco lo que ha trascendido sobre el contenido de lo entregado ayer es de suponer que esas cajas contendrán información sobre el catamarán que Alperi tenía y que los investigadores siempre han mantenido que se trataba de un regalo al político de PP. También habrá referencia al millón de euros de ingresos no justificados por el que el exregidor está acusado en otro proceso donde le imputan tres delitos fiscales, un asunto al que únicamente le queda que se señale la fecha del juicio. Los investigadores tenían que localizar además todas las cuentas bancarias tanto de Alperi como del resto de su familia (mujer y tres hijos) así como las propiedades de que disponga.
Un informe policial anterior acerca de varias extracciones bancarias efectuadas por personas del entorno del promotor Enrique Ortiz, también imputado en esta causa junto a Alperi y Castedo, entre otros, concluía que el exregidor consumó un delito de cohecho al recibir grandes cantidades de dinero procedentes de cuentas ligadas al empresario, que habrían ido destinadas a sufragar las viviendas de la urbanización de la zona del Golf promovida por Ortiz donde en la actualidad residen las hijas de Alperi.
La UDEF presentó en diciembre ante Tejada el informe que analizaba extracciones en efectivo por casi 400.000 euros en total de cuentas vinculadas al empresario cuyo destinatario sería, según concluye el documento, el exalcalde.
Los datos de estas pesquisas serán entregados a las partes en breve aunque fuentes del caso precisaron que aún queda pendiente otro informe sobre el material incautado en los registros a Ortiz vinculado al PGOU, unos documentos que podrían ser entregados en el juzgado la próxima semana.
Sobre los medios de que dispone la Comisaría que trabajar en este asunto, desde la Comisaría se he habría hecho saber al magistrado que se dispone de los cuatro agentes que se desplazaron desde Valencia además de la reciente incorporación del comisario jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial, Antonio Selva, hasta ahora destinado en Elche. A eso se suma el apoyo de la UDEF central, ubicada en Madrid, la misma unidad que ha elaborado el último informe entregado a la juez de Orihuela sobre el plan zonal de residuos.
La entrega de este material, lejos de suponer el fin de la instrucción, podría provocar la presentación de nuevos escritos solicitando diligencias o aclaraciones por parte tanto de las defensas como de la acusación pública.
