No tiene la sensación el magistrado Manrique Tajada de no haber exigido rapidez a la Policía en la entrega de las diligencias que sobre los presuntos amaños del planeamiento urbano de Alicante está instruyendo. Ni de eso ni de que no haya dado cuenta de esas presuntas disfunciones. Pero, por si quedaba alguna duda, ha vuelto a hacerlo en un escrito en el que, «de forma urgente», reclama al comisario jefe provincial, José Javier Cuasante, que le informe «sobre los medios adscritos a la confección de los informes policiales pendientes debiendo concretar en la contestación la fecha prevista para conclusión de los mismos».
La iniciativa de Tejada de volver a preguntar a Cuasante sobre el estado de la investigación (ya lo hizo hace unos meses y la respuesta del comisario fue un lacónico «el que consta en la causa») surge como respuesta a un escrito del abogado del empresario de Enrique Ortiz, imputado, entre otros, en este procedimiento. En este documento, el letrado Francisco Ruiz Marco arremetía contra el juez y el fiscal por el que el denominaba la «paciencia» del instructor y el «respetuoso silencio» del acusador público.
El penalista presentaba una detallada enumeración de los incumplimientos de los plazos (en algunos casos de hasta dos años) que el instructor ha ido marcando para que le fueran entregando los informes y advertía de los «efectos perversos que sobre la instrucción está provocando la discordancia entre la forma -y el tiempo- en que la UDEF practica las diligencias que se le ordenan y la forma y los plazos en que deben practicarse conforme a lo exigido por la ley procesal». Matizaba que, aunque no es insensible a la sobrecarga del trabajo que arrastran tanto el juzgado como la UDEF o el fiscal, «entre el cumplimiento de la práctica de las diligencias sin dilación o en un plazo de 24 horas, como exige la ley, y las demoras de más de un año o, en algunos casos, más de dos, entendemos que existe un plazo razonable que, en el presente caso, se está incumpliendo radicalmente». Ruiz Marco pedía al juez una resolución que pusiera fin a estos retrasos fijando «un plazo cierto a la UDEF para que dé cumplimiento y entregue en el juzgado el resultado, sea el que sea, de cuantas diligencias tiene, a esta fecha, pendientes de practicar».
Así lo ha hecho Tejada tras enumerar todo lo que ha hecho ante estas dilaciones, medidas que, precisa, «confirman que este instructor, ante la inobservancia del mandato de la providencia, hizo cuanto le correspondía en aras a dejar constancia de la falta de justificación del retraso y de la necesidad de buscar una solución que permita la conclusión de los informes solicitados, dando cuenta de las presuntas disfunciones de la Policía a la superioridad», en alusión al traslado de estas demoras tanto al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad como al CGPJ.
En apoyo a esta nueva petición de explicaciones al comisario cuenta Tejada con el fiscal, quien ha solicitado «recabar por el juzgado a la Comisaría de Alicante nueva información sobre los medios adscritos a la confección de los informes policiales pendientes». Como ha venido publicando este diario, tras trasladar a los tres inspectores destinados a echar una mano en la conclusión de las diligencias del PGOU sin que comenzaran siquiera a trabajar, hace unas semanas se incorporaron cuatro efectivos procedentes de Valencia «expertos en la materia», según información oficial.
Tras dejar constancia que se tienen que cuenta las manifestaciones de Ruiz Marco sobre «la presunta infracción en la relación con la práctica de las diligencias encomendadas a las UDEF (...) así como la presunta vulneración del derecho fundamental de los imputados a un proceso sin dilaciones indebidas», el instructor acuerda reclamar al comisario que «de forma urgente (...) se remita a este juzgado nueva información sobre los medio adscritos a la confección de los informes policiales pendientes debiendo concretar en la contestación la fecha prevista para conclusión de los mismos».
Fuentes próximas al caso conocedoras de esta situación precisaron que lo que se debe reclamar a la Policía son resultados, no explicaciones sobre sus medios.
