En pleno revuelo de traslados e incorporaciones en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada de Policía Judicial de Alicante que, entre otros asuntos, está investigando supuestas irregularidades en el PGOU de Alicante y en el plan zonal de la Vega Baja (dos piezas desgajadas de la operación Brugal), el abogado del empresario Enrique Ortiz, imputado en ambos procesos, ha presentado un escrito en el juzgado que instruye la causa del plan en el que arremete contra los investigadores, el magistrado y el fiscal a cuenta de los retrasos en la entrega de los informes.

El letrado, el penalista Francisco Ruiz Marco, presenta una enumeración detallada de los incumplimientos de los plazos (en algunos casos de hasta dos años) que el instructor ha ido marcando para que le fueran entregando los informes y alerta de los «efectos perversos que sobre la instrucción está provocando la discordancia entre la forma -y el tiempo- en que la UDEF practica las diligencias que se le ordenan y la forma y los plazos en que deben practicarse conforme a lo exigido por la ley procesal».

Ante esta situación, Ruiz Marco destaca que «la paciencia que muestra el juzgado con las demoras (cuando no simples desatenciones) de la UDEF (...) contrasta con la energía y rigor utilizado por el juzgado cuando encomienda la práctica de diligencias a otras instituciones del Estado». Y pone como ejemplo el requerimiento hecho por el magistrado Manrique Tejada a la conselleria de Infraestructuras solicitando una documentación que, al no ser remitida en el plazo de dos meses, le hizo reaccionar exigiendo el «cumplimiento urgente» de lo requerido.

También tiene palabras el letrado para el fiscal Felipe Briones por su «respetuoso silencio ante las reiteradas demoras que son constatables de forma objetiva». Y eso, añade, «pese a que entre sus funciones está la defensa de la legalidad y, más concretamente, velar por que la función jurisdiccional se ejerza conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellas señalados». Recuerda Ruiz Marco en este punto el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y no entiende que el acusador público no reaccione ante estas demoras «considerando que algunas de las diligencias pendientes de practicas por la UDEF desde hace más de dos años fueron solicitadas precisamente por el Ministerio Fiscal (...) no siendo tampoco un dato a descartar el que instrucción, desde su arranque ante el juzgado de Instrucción de Orihuela, se viene prolongado por más de siete años».

Aunque asegura que no insensible a la sobrecarga del trabajo que arrastran tanto el juzgado como la UDEF pasando por el fiscal, matiza que «entre el cumplimiento de la práctica de las diligencias sin dilación o en un plazo de 24 horas, como exige la ley, y las demoras de más de un año o, en algunos casos, más de dos, entendemos que existe un plazo razonable que, en el presente caso, se está incumpliendo radicalmente».

El defensor de Ortiz pide al juez una resolución que ponga fin a estos retrasos fijando «un plazo cierto a la UDEF para que dé cumplimiento y entregue en el juzgado el resultado, sea el que sea, de cuantas diligencias tiene, a esta fecha, pendientes de practicar».