Unos que vienen y otros que se van. Después del fiasco de los refuerzos que a principios del pasado mes anunció el comisario jefe provincial, José Javier Cuasante, para supuestamente agilizar la investigación de los presuntos amaños en el PGOU de Alicante, una ayuda que en la práctica no ha llegado a materializarse, ahora son cuatro los agentes que aseguran que se van ha desplazar desde la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad para echar una mano en la finalización de los diligencias que quedan pendientes tanto de este asunto como del plan zonal de basuras de la Vega Baja.
Fuentes de Interior aseguraron que los cuatro agentes vienen a Alicante en comisión de servicio, que son «especialistas» en la investigación de este tipo de operaciones y que su función es la de apoyar a los efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Alicante que desde hace siete años indagan estos asuntos.
Cuando estos cuatro agentes se incorporen a su nuevo cometido puede no quedar ya ni rastro del refuerzo que Cuasante le comunicó al magistrado Manrique Tejada, instructor de la causa del PGOU, después de que éste le reclamara que dotara de medios a la UDEF para agilizar la entrega de unos informes de los que, salvo imprevistos, depende la finalización de la instrucción de este proceso. Tal como el sábado publicó este diario, de los tres inspectores uno no ha llegado a incorporarse, otro fue trasladado y el tercero está a punto de marcharse.
Unidad «virtual»
La UDEF está formada en Alicante por 26 agentes que, además de los asuntos de corrupción, tienen que ocuparse también de los delitos económicos, tecnológicos y financieros. Una unidad que no está incluida como tal en el catálogo de puestos de trabajo de la comisaría provincial, por lo que se tiene que echar mano del de otras brigadas, y que arrastra desde hace ya demasiado tiempo una sobrecarga de trabajo que dificulta cumplir los plazos de entrega que tanto el instructor como las partes reclaman.
De los 26 efectivos, a asuntos de la envergadura del PGOU no se están dedicando más de tres y ninguno de ellos en exclusiva. Las fuentes antes citadas recordaron que también «se está echando una mano desde Madrid», como dijo la pasada semana en Elche el director general de la Policía, Ignacio Cosidó.
En cualquier caso, aun cuando los refuerzos sean una respuesta directa a la providencia dictada por Tejada, no será el asunto del plan general de Alicante que instruye este magistrado el primero en que se centren los esfuerzos. Según ha podido saber este diario, primero se acabarán los informes relativos a la investigación sobre supuestas irregularidades en la tramitación del plan zonal de basuras de la Vega Baja, otra de las piezas desgajadas del caso Brugal, de la que también se separó la del PGOU.
La juez de Orihuela que instruye el proceso de las basuras llegó a amenazar a la cúpula de la UDEF de Alicante con abrirle un procedimiento por desobediencia. La magistrada está esperando los informes referentes a la documentación informática incautada en la Diputación de Alicante en los registros policiales que se practicaron con el estallido de Brugal el 7 de julio de 2010, el mismo día en que también se registraron las oficinas, el yate y la vivienda del empresario Enrique Ortiz, imputado en los dos procedimientos.
Precisamente el informe sobre lo incautado a Ortiz es uno de los que aguarda Tejada para ir zanjando la instrucción de este procedimiento. Además de éste, falta también el encargado sobre el patrimonio del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, que podría no tardar mucho en estar listo.
Fuentes policiales destacaron también como un refuerzo de la investigación de asuntos de esta índole la incorporación al frente de la Brigada de Policía Judicial del hasta ahora comisario de Elche, Antonio Selva, algo que se espera no se demore mucho. Un profesional que ya ha estado al frente de estas brigadas en Barcelona y en Benidorm.
