El juez que instruye el caso del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante (PGOU), Manrique Tejada, ha instado al comisario provincial de la Policía Nacional de Alicante que ponga medios en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ante los retrasos que se están produciendo en la remisión de los informes sobre los registros de julio de 2010 en el domicilio personal del empresario Enrique Ortiz, sus oficinas del grupo Cívica y en su yate «Elena».

En una providencia fechada el 4 de marzo, el juez Tejada insiste en que ya pidió esta misma documentación en febrero de 2012 y que dio un plazo último para su entrega que acabó el 6 de enero de 2014. Con este panorama, es el propio magistrado el que alerta al comisario -cargo que en la actualidad ocupa José Javier Cuasante- de que si faltan medios, personales o materiales, que los ponga para que puedan llevarse a cabo las conclusiones de su investigación. Al fin y a cabo, se desprende del escrito, los medios necesarios para que puedan hacer su trabajo. De esta providencia el juez remite copia también a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Recientemente, como publicó este diario, la juez de Orihuela que instruye las presuntas irregularidades en el Plan Zonal de la Vega Baja amenazó a la cúpula de la UDEF de Alicante con abrirle un procedimiento por desobediencia. La magistrada también está esperando los informes referentes a la documentación informática incautada en la Diputación de Alicante precisamente en los mismos registros policiales que se practicaron con el estallido de Brugal el 6 de julio de 2010. En una diligencia de ordenación firmada por la secretaria de este órgano se dio un mes a los agentes para que remitieran ese material. En esta causa que investiga el Plan Zonal están imputadas 21 personas, entre ellas los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll y el que fuera presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll.

Los agentes de la UDEF están sobresaturados. No solamente están a cargo de los casos de presunta corrupción política más importantes de la provincia, sino que llevan más investigaciones por presuntas corruptelas con menos imputados, amén de un rosario de investigaciones ligadas a la delincuencia económica. Pero el grueso que está estancando a los policías es la madeja de Brugal, densa y compleja, un monstruo judicial para un número de agentes que no llega a la decena para toda la provincia. Esta unidad ha contado para algunos de sus trabajos en el caso Brugal con la UDEF de Madrid, pero aún así no es suficiente para cumplir plazos.