Un viaje a Andorra. Un viaje a Ibiza y otros desplazamientos a esta isla pitiusa. Un vehículo Mini. Tarjeta de parking para el secretario del Ayuntamiento y la contratación en empresas del promotor Enrique Ortiz de varias personas de su entorno. Estas son las contraprestaciones presuntamente recibidas por la exalcaldesa Sonia Castedo por supuestos favores urbanísticos a Ortiz contraprestaciones favores urbanísticos a Ortiz y que según Anticorrupción deberían estar incluidas en la causa que investiga el Plan Rabasa por presuntas irregularidades en su tramitación y la llegada de Ikea a suelo del promotor.
El fiscal Felipe Briones ha solicitado a la Audiencia Provincial de Alicante que revoque la providencia del juez del caso Rabasa, Juan Carlos Cerón, en la que rechazó incorporar a la causa las supuestas dádivas de Ortiz a Castedo por favores urbanísticos al considerar que no pueden ser aportadas al figurar éstas en la investigación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante (PGOU).
Para negarse a ello, el juez dio las mismas explicaciones que ya ofreció para denegar la incorporación al procedimiento de las dádivas presuntamente otorgadas al exalcalde Luis Díaz Alperi. El exregidor no está imputado en el caso Rabasa al considerar el juez que no hay indicios para ello, una decisión que ha sido también recurrida por Anticorrupción ante la Audiencia Provincial. Según el instructor, no pueden figurar en el Plan Rabasa los mismos regalos que ya se investigan en el procedimiento del Plan General.
Sin embargo, el fiscal entiende que estas presuntas dádivas a Castedo deben ser entendidas como regalos que interesaban a la exregidora y tenidas en cuenta como supuestos favores por el urbanismo general de la ciudad, más al margen de irregularidades concretas. Las presuntas dádivas evidencian, a juicio del acusador público, «el interés de Ortiz de atender permanentemente cualquier solicitud de Castedo en cuanto que tanto ella como Díaz Alperi desplegaban incesantemente su influencia para favorecer los intereses del señor Ortiz», entendiéndolas como un intercambio de favores ligados, especialmente, a dos tramitaciones urbanísticas coetáneas de calado como el PGOU y el Plan Rabasa.
Recuerda el fiscal que el hecho de que la Policía no incluyera en su informe sobre Rabasa estas presuntas contraprestaciones al constar ya en la causa del PGOU, «no debe suponer que caigan en la indiferencia jurídico-penal». Por ello ha solicitado a la Audiencia que obligue a incorporar las presuntas dádivas a Castedo que ya obran en la causa del PGOU. Su incorporación a Rabasa, caso en el que también está imputado Ortiz, entre otros, permitiría ampliar los hechos presuntamente delictivos por los que se indaga a la exregidora -prevaricación y tráfico de influencias- al poder añadirse el cohecho.
