El juez que investiga las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Rabasa de Alicante y la llegada de Ikea a suelo del promotor Enrique Ortiz ha rechazado incorporar a la causa las supuestas dádivas recibidas por la ya exalcaldesa Sonia Castedo por presuntos favores urbanísticos al empresario.
En una providencia notificada ayer, el juez deniega la inclusión en la causa de Rabasa de los presuntos regalos recibidos por Castedo, como viajes o un coche modelo Mini Cooper, y que ya constan como presuntas contraprestaciones a la exregidora por parte de Ortiz en la causa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
La solicitud para que el capítulo de «Contraprestaciones» a Sonia Castedo que figura en el informe de la Policía incluido en la causa del PGOU se incluyera en el procedimiento de Rabasa fue realizada por el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, en un escrito presentado al juez el 2 de enero 2015.
La finalidad de la solicitud formulada por el Ministerio Público era incluir los presuntos regalos a Castedo por parte de Ortiz como contraprestaciones para poder instar una imputación contra ella por un delito de cohecho por los presuntos favores recibidos en relación a los principales asuntos urbanísticos que se tramitaban en Alicante durante los años 2008, 2009 y 2010 -entre ellos el Plan Rabasa- siendo ella edil de Urbanismo y, posteriormente, alcaldesa de la ciudad.
Según Cerón, al solicitar el Mi0nisterio Fiscal la unión a la causa de un testimonio de un documento que ya obra en el juzgado de Instrucción número 5 de Alicante ligado al caso del PGOU, lo que pretende es reproducir en el proceso de Rabasa la instrucción por el idéntico delito de cohecho que está realizando el juez Manrique Tejada en la causa del PGOU «y ello no es posible». «El delito de cohecho entre las personas mencionadas y por las dádivas reflejadas viene siendo instruido por otro juez y no es posible reproducir la investigación del mismo delito en esta causa, que llevaría a dilatarla en el tiempo de forma indefinida y dar lugar a resoluciones contradictorias», recoge la providencia. En resumen: que no es posible que el mismo delito se indague en varios sumarios. La providencia es recurrible en el plazo de tres días. El fiscal también solicitó, anteriormente, documentación similar a aportar en esta causa sobre los presuntos regalos recibidos por Alperi, a quien el juez decidió dejar fuera de la causa de Rabasa.
Las dádivas que constan en el apartado «Contraprestaciones» en la causa del Plan General -según la investigación llevada a cabo por la UDEF y recogida en un informe policial- y que el fiscal pretendía incluir en la causa de Rabasa son los viajes de la exregidora supuestamente pagados por el promotor, así como un coche Mini Cooper que a su vez Castedo regalaría a su niñera, según los investigadores. Además, el informe policial consideraba también como una contraprestación los puestos de trabajo que la exalcaldesa pidió a Ortiz para colocar a gente allegada, como ella misma reconoció en el programa de televisión al que acudió el sábado pasado, así como en ocasiones anteriores.
Sonia Castedo está citada a declarar mañana ante el juez que instruye en Plan Rabasa por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en relación a la llegada de la multinacional a suelo de promotor. La citación, instada por la Fiscalía, se produce una semana después de haber participado en una entrevista en un programa de audiencia nacional sin haber dado explicaciones de su marcha en el pleno municipal. Castedo ya declaró en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por presuntas irregularidades en el PGOU y esta será su primer interrogatorio -si así decide hacerlo y no se acoge a su derecho a no declarar- por la investigación por Rabasa e Ikea.
Para este mismo mes también están citados como imputados el empresario Enrique Ortiz y los técnicos de la Gerencia de Urbanismo Isabel Campos y Enrique Sanus.
