El magistrado Juan Carlos Cerón, instructor de la causa que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del macroplan urbanístico Rabasa para supuestamente beneficiar al empresario Enrique Ortiz, se ha ratificado en su idea de sobreseer las actuaciones para el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi así como para la exsecretaria autonómica de Territorio y actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Ángeles Ureña, de quien dice que ni se ponía al teléfono cuando la llamaba el promotor, imputado en el proceso junto a, entre otros, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo.

En respuesta a los recursos presentados por el fiscal y por las acusaciones populares (que se ejercen en nombre de EU y del PSOE) contra la decisión de apartar a Alperi y a Ureña de esta investigación, mantiene el magistrado que «las acusaciones no indican indicio alguno de la comisión de estos delitos penales (cohecho, tráfico de influencias y prevaricación) atribuibles a los dos denunciados y siguen manejando suposiciones que hacen sobre la interpretación de voluntades de conversaciones, pero no hay un dato objetivo que pueda servir de indicio de la comisión de los tipos penales enjuiciados, y estamos en un juicio penal y no en un juicio de otra índole».

Insiste Cerón en que «no existe una sola conversación» en la que intervenga Alperi «de la que se desprenda la existencia de delito» y reitera que «no toda la intervención en el planteamiento de la zona de Rabasa debe ser considerada delictiva necesariamente (...) ni se aprecia que se cometiera irregularidad administrativa alguna en la tramitación del expediente».

Respecto a los argumentos esgrimidos por el fiscal, quien únicamente recurrió el sobreseimiento respecto a Alperi, insiste Cerón en la falta de concreción en cuanto a los delitos atribuibles al político del PP al tiempo que apunta que excluir de un procedimiento a ciertos denunciados contribuye «a agilizar la causa (...) centrándola y dirigiéndola contra los presuntos responsables para evitar dilaciones». Punto en el que el magistrado recuerda que las conclusiones a las que llegan la Policía y el fiscal de que Ortiz se arriesga con los promotores de Ikea porque cuenta con el beneplácito del Ayuntamiento «se refieren todas a posibles actuaciones de la imputada y edil Sonia Castedo en las que no interviene el denunciado Luis Díaz Alperi». El instructor se refiere también a la que considera «la única intervención» de Alperi en relación a la instalación de Ikea (una reunión con los responsables de la multinacional sueca un día antes de que dejara de ser alcalde) sin que conste que se produjera delito alguno, señala.

Regalos en dos juzgados

Respecto a las supuestas dádivas que Alperi pudo recibir, precisa el juez que el informe policial sobre Rabasa sólo hace alusión a un regalo en Navidad en 2008 y a una tarjeta de aparcamiento. Y añade que los presentes que se están investigando en el juzgado que dirige Manrique Tejada (instructor del proceso por los presuntos amaños del PGOU, en el que Alperi también está imputado) no los puede investigar para evitar que dos juzgados indaguen sobre los mismos hechos. «No obstante, y a pesar de no decirlo expresamente, se solicitará la documentación pedida por el fiscal pero delimitada exclusivamente al plan Rabasa y a la dádivas que no se hayan incluido en la investigación del PGOU Alicante». Señala Cerón que sólo puede investigar lo que consta en la causa de Rabasa, por lo que insta al fiscal a que reclame del juzgado del Manrique todo aquello que competa al asunto del macroplan.