La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ya tiene fecha para declarar por el caso Rabasa. El juez que instruye la rama del caso Brugal que investiga las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Rabasa y la llegada de Ikea a Alicante ha citado a declarar a la regidora el próximo 16 de enero en calidad de imputada por supuesto trato de favor a Enrique Ortiz en los citados asuntos urbanísticos.

El calendario de esta primera ronda de declaraciones por esta investigación y que ayer hizo público el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) justo un día antes del cumpleaños de la primera edil, fija que la alcaldesa acuda con su representación legal a las 10 horas al juzgado de Instrucción número 6 de Alicante.

Lo más destacado de este nuevo calendario, elaborado por el juez después de rechazar el incidente de nulidad que cuestionaba la competencia del juez que ordenó la escuchas, es que la regidora alicantina es la primera de la lista de imputados en prestar declaración, mientras que en la anterior tanda de citaciones era la última.

Dos menos

También hay otra variación respecto al primer calendario fijado por el magistrado Juan Carlos Cerón ya que en aquella ocasión el instructor también citó como imputados a dos técnicos del Ministerio de Fomento, Emilio Peiró y Francisco Javier Criado, mientras que ahora los ha dejado fuera.

El constructor y promotor del Plan Rabasa, Enrique Ortiz, también ha sido citado como imputado el 30 de enero. El empresario fue, según un informe policial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el principal beneficiario de los movimientos que marcaron la vida municipal en torno a la tramitación del Plan Rabasa y la llegada de Ikea. Ortiz, a quien PP y PSOE acordaron dar la macrourbanización en un pleno celebrado el 26 de abril de 2005 y en el que los concejales del equipo de gobierno (PP) y los del principal grupo de la oposición (PSOE) también se pusieron de acuerdo para subirse los sueldos. Sólo EU estuvo en contra.

Para el día 29 están citados el gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, y la responsable jurídica de la citada gerencia, Isabel Campos.

La providencia del juez, ante la que cabe recurso de reforma en el plazo de tres días, también cita a dos testigos de los tres propuestos por la representación de Enrique Sanus que declararán el día 9 de enero.

La ronda de declaraciones se produce después de cuatro aspectos clave en la instrucción de este caso. En primer lugar, la resolución del incidente de nulidad planteado por Ortiz en el que cuestionó que las escuchas de Brugal que afectaban al Plan Rabasa se hubieran ordenado por el juez competente.

En segundo lugar, la celeridad que solicitó al juez el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, para que citara cuanto antes a los imputados en Rabasa. En tercer lugar, el juez tenía que resolver sobre la imputación del exregidor Díaz Alperi, imputación que solicitaron el fiscal y las acusaciones populares, ejercidas por EU y PSOE, y que fue finalmente rechazada por Cerón la semana pasada. Por último, cabe destacar que el juez cerró el calendario de declaraciones a la vez que tramitaba su solicitud al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para entregar su solicitud para incorporarse a la Audiencia Provincial de Alicante.

El plan urbanístico Rabasa preveía la construcción de más de 13.000 viviendas en 4,2 millones de metros cuadrados en una zona de expansión de la ciudad en cuyo entorno está previsto situar la multinacional Ikea. La Policía sostiene en su informe que el Ayuntamiento se puso a disposición de los intereses del empresario y que éste influyó asimismo para que Ikea llegara finalmente a suelo de su propiedad.