17 de septiembre de 2014
17.09.2014
Nueva imputación para la alcaldesa de Alicante

Sonia Castedo declarará como imputada por presunta prevaricación y tráfico influencias el 27 de noviembre

El instructor ha esperado a tener el informe policial para citar a Sonia Castedo, a Enrique Ortiz y a una técnico del Ayuntamiento - La regidora también aparece involucrada en la segunda investigación por presunta corrupción

16.09.2014 | 23:39

Con una nueva imputación se va encontrar la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, después de que el magistrado que instruye la denuncia de EU por irregularidades en la tramitación del macroplan de Rabasa haya decido citar a la regidora en calidad de imputada. Se trata de su segundo encausamiento en un procedimiento en el que, al igual que ocurre en el de los presuntos amaños del PGOU de la ciudad, donde la regidora también está imputada, se investigan actuaciones supuestamente corruptas y directamente relacionadas con el urbanismo municipal.

De acuerdo con la información, la alcaldesa de Alicante declarará como imputada por presunta prevaricación y tráfico influencias el 27 de noviembre a las 10.00 horas. 

El instructor del asunto de Rabasa ha esperado a tener en su poder el informe policial completo para decidir a quién llama a declarar. Entre los citados, y además de la primera edil, se encuentra el adjudicatario del plan, el empresario Enrique Ortiz, a quien PP y PSOE acordaron dar la macrourbanización en un pleno celebrado el 26 de abril de 2005 y en el que los concejales del equipo de gobierno (PP) y los del principal grupo de la oposición (PSOE) también se pusieron de acuerdo para subirse los sueldos. Sólo EU estuvo en contra. Tanto el polémico plan como el aumento salarial salieron adelante con los 26 apoyos que sumaban ediles populares y socialistas y la oposición del único representante de EU en aquella Corporación.

Además de Castedo y Ortiz también será llamada por el juez la responsable jurídica del área de Urbanismo, Isabel Campos, y queda por definir si por estos hechos serán citados también en calidad de imputados el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y el gerente de Urbanismo Enrique Sanus, quienes figuran entre los denunciados por EU junto al exdirector de la Unidad de Carreteras en Alicante, Enrique Peiró, y al exdirector general de Carreteras, Francisco Javier Criado, ambos dependientes de la administración central cuando gobernaba el PSOE, y a la entonces secretaria autonómica de Urbanismo María Ángeles Ureña.

Un primer calendario
El magistrado ha esperado para preparar un calendario de citaciones a tener completo el informe elaborado por la brigada de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial, si bien los únicos documentos que faltaban desde finales del pasado de julio, cuando el informe llegó a su mesa, eran anexos con expedientes municipales así como una copia digital del documento, que fue entregado en papel en el juzgado. Tras el estudio del informe, de 800 páginas, el juez Juan Carlos Cerón ha integrado a Castedo, Ortiz y Campos en la lista de los que tendrán que declarar próximamente por los hechos denunciados. La Policía apunta a una actividad delictiva sostenida por Castedo y Alperi en la que se favorecieron los intereses particulares del empresario en la aprobación de Rabasa así como con la llegada de la multinacional Ikea al suelo del promotor, algo en lo que habría colaborado la jefa jurídica de la Gerencia de Urbanismo, y también el responsable de la misma, Enrique Sanus.

Una vez se ha establecido el calendario para las primeras citaciones con Castedo, Isabel Campos y Enrique Ortiz por presuntas irregularidades en la tramitación del macroplan urbanístico de Rabasa queda saber si el juez terminará citando a todos los denunciados por EU en calidad de imputados.

Fue EU la formación que forzó al juez Cerón a reabrir el caso que archivó en 2010 al presentar una denuncia en su juzgado. Las escuchas que dieron origen a la investigación, a cuyos audios completos sólo tendrá acceso de momento Enrique Ortiz, fueron retirados a las partes tras comprobar el juez que contenían datos ajenos al Plan Rabasa así como información privada del promotor. A día de hoy las partes aún no tienen esas escuchas cribadas. EU aportó en su denuncia un conjunto de conversaciones que podrían revelar una actividad delictiva, si bien el informe policial amplía las escuchas a muchas más. Algunas, incluso, no habían sido transcritas en el sumario de Brugal. Sobre ellas el informe policial –aún sin notificar a las partes– hace un análisis sobre su significado así como conexiones entre hechos que la Policía considera relevantes.

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