Tras cuatro años de instrucción y después de varias quejas por las dilaciones que estaba sufriendo el procedimiento abierto por la adjudicación de unas obras en la plaza Magallanes de Alicante meses después de haberlas inaugurado, la instructora de la causa acaba de acordar la apertura de juicio oral contra los cuatro acusados en este proceso: el vicealcalde de la ciudad, Andrés Llorens, quien fuera el jefe técnico de su concejalía, Victor López, (hoy ya jubilado), otros dos empleados municipales y el adjudicatario de los trabajos. En un auto dictado esta semana, la titular del juzgado de Instrucción número 4 de Alicante, la magistrada Cristina Ferrández, decide por fin enviar el asunto a la Audiencia provincial para su enjuiciamiento por los delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial.
Llorens, quien por estos cargos se enfrenta a una petición de pena por parte del fiscal de tres años de cárcel y nueve de inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público (solicitud que la acusación particular, que se ejerce en nombre del PSOE, eleva a cuatro años y medio de prisión y 11 de inhabilitación), tenía especial interés en que el asunto se juzgara cuanto antes para despejar cualquier duda sobre el futuro de su carrera política ante las próximas elecciones municipales y autonómicas. Por ello, hace tan sólo unas semanas presentó su segundo escrito de queja por la demora en la instrucción de un asunto no considerado de especial complejidad para el tiempo que estaba durando la investigación.
No obstante, y aunque la magistrada ya haya acordado la apertura de juicio, las posibilidades de que la causa pueda juzgarse antes de la cita electoral, fijada para el 24 de mayo del próximo año, son escasas teniendo en cuenta las agendas de las cuatro salas de lo Penal de la Audiencia de las que a una, por reparto, le corresponderá celebrar el juicio contra el vicealcalde. Cómo ejemplo de la lista de espera que se arrastra para los asuntos en los que no hay presos basta citar que el proceso por el agujero contable de Mercalicante se remitió a la Audiencia en marzo después de más de una década de instrucción sin que aún se haya señalado la fecha de la vista oral.
Al juicio contra Llorens le precederá el que el próximo febrero se celebrará también contra su excompañero de corporación Kiko Sánchez por el conocido como «caso de los telecentros», vínculos judiciales y municipales a los que hay que sumar los dos procesos en los que está imputada la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, uno por supuestos amaños en el PGOU, donde ya ha testificado hasta en dos ocasiones, y otro por las presuntas irregularidades en el tramitación del macroplán urbanístico de Rabasa, en el que está pendiente de ser llamada a declarar tras haber sido pospuesta la primera citación por la presentación de un incidente de nulidad ya rechazado.
Las obras de rehabilitación de la plaza de Magallanes se adjudicaron en marzo de 2007 aunque a ese proyecto se sumó otro para incluir una fuente que reclamaban lo vecinos. Los trabajos complementarios los realizó la misma empresa con la que se contrató la obra inicial, Coinger, pero se le adjudicaron meses después de que la fuente hubiera sido inaugurada. El fiscal mantiene que Llorens, en connivencia con el resto de los acusados (a los que acusa de cooperación necesaria en el delito de prevaricación además de falsedad documental), alteró el acta donde se daba luz verde a la adjudicación de estas obras alteró el actaen cuyo expediente consta también un informe firmado por Víctor López en el que se señalaba que Coinger era la única mercantil que había optado a realizar los trabajos.
El Ayuntamiento de Alicante, personado como acusación particular, no ve delito en estos hechos por lo que ha solicitado el sobreseimiento de las actuaciones. En opinión de los letrados municipales, sólo existiría una «simple infracción administrativa».
En declaraciones realizadas antes de la apertura del juicio, el político del PP admitió que se hicieron las obras por el bien de los vecinos pero negó que eso fuera corrupción. «No me considero un corrupto», dijo.
La juez da cinco días a la empresa que vendió la fuente para que aporte una documentación que le reclama el fiscal.
