El vicealcalde de Alicante, Andrés Llorens, amañó desde su cargo de concejal de Atención Urbana el acta que daba oficialmente luz verde a la ejecución de las obras de remodelación de la Plaza de Magallanes en el año 2009. Esa es la acusación concreta que sostiene el fiscal anticorrupción, Felipe Briones, en su escrito presentado ante el juzgado de Instrucción número 4 de Alicante, en el que solicita por los delitos de prevaricación y falsedad documental tres años de cárcel y nueve de inhabilitación para el segundo de a bordo del gobierno del PP en Alicante.
El fiscal, en un meticuloso escrito de 27 páginas al que ha tenido acceso este diario, refleja que Llorens «adjudicó de facto y fuera de todo procedimiento legal la ejecución de las obras complementarias de la Plaza de Magallanes a la mercantil Coinger, colaborando en tan ilegal decisión» otros tres técnicos de la concejalía de Atención Urbana y el que fuera administrador único de la citada empresa.
Según el escrito de acusación, Andrés Llorens «adulteró el contenido del acta de replanteo», un documento firmado el 16 de julio de 2009 mediante el que el director de las obras aprobaba el inicio de los trabajos complementarios de la plaza. Este documento daba comienzo de manera oficial al inicio del plazo de ejecución de las obras, pese a estar éstas terminadas meses atrás, según recoge el fiscal, quien tilda de «clamorosa ilegalidad» la actuación del concejal.
Los hechos presuntamente delictivos que quedan reflejados en el escrito de acusación de Anticorrupción -al que le seguirán ahora los escritos de defensa de los acusados- se sostienen sobre los trabajos de remodelación de la plaza durante los meses de febrero y marzo de 2009, fechas en las que quedarían realizados por la empresa Coinger.
Para los trabajos se adquirió una fuente y otros elementos, cuya compra queda acreditada con facturas fechadas a principios de 2009 y que evidencian que la empresa ya trabajaba en la plaza en los meses de enero, febrero y marzo de 2009 sin que se hubieran adjudicado los trabajos complementarios, algo a lo que estaba obligada la concejalía de Atención Urbana al superar éstos el 20% del presupuesto para la remodelación inicial. El fiscal incide en una fecha, el 17 marzo, día en el que la fuente estaba realizada y en fase de pruebas. Sin embargo el documento oficial que daba paso al inicio de las obras una vez concluida la adjudicación -la llamada acta de replanteo- se firmó el 16 de julio.
Los técnicos del Ayuntamiento elaboraron un informe posterior al acta en el que se determinó como fecha del inicio de las obras el 26 de marzo de 2009, una fecha cuyo objeto era, siempre según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, «atenuar la responsabilidad de la concejalía ante el comienzo de las obras complementarias sin haber sido adjudicadas». Esa fecha se puso después de que el jefe técnico de la concejalía, Víctor López, emitiera un informe el 24 de marzo reseñando que Coinger era la única de las tres mercantiles invitadas a llevar a cabo los trabajos que había presentado oferta para la contratación.
El fiscal acusa como autor material del delito de prevaricación a Llorens, para el que pide siete años de inhabilitación por este hecho, además de tres años de prisión, multa y otros dos años de inhabilitación por el delito de falsedad en documento oficial.
Técnicos y empresario
Al resto de técnicos y al responsable de Coinger, el fiscal les acusa de cooperación necesaria para la prevaricación, además del delito de falsedad documental. Para ellos también reclama inhabilitación para cargo público por un tiempo de tres años y seis meses. Para Víctor López solicita, además, tres años de cárcel.
