La Fiscalía de Alicante ha pedido tres años de prisión y otros nueve de inhabilitación para el primer teniente del Ayuntamiento de Alicante, Andrés Llorens, por los delitos de prevaricación y falsedad documental por presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras de la plaza de Magallanes en esta ciudad, según confirmaron a este diario fuentes del ministerio público. La remodelación de este espacio público en el barrio alicantino de la Florida fue adjudicada dos meses después de que las obras hubieran quedado inauguradas en el año 2009.

Anticorrupción acusa también a otros tres funcionarios de Atención Urbana a quienes reclama la misma pena, entre ellos el que era el jefe del área Victor López, hoy jubilado; mientras que al empresario adjudicatario de las obras se le reclama la mitad de estas penas. El ministerio público ya ha presentado ante el juzgado de Instrucción número cuatro de Alicante el escrito de conclusiones provisionales por el que se reclama a la magistrada que abra juicio oral por estos hechos y ahora deberá hacerlo la acusación particular que ejerce el grupo socialista en esta corporación.

Las obras de rehabilitación de la plaza Magallanes fueron adjudicadas por la junta de gobierno en marzo del año 2007 por un importe de 123.450 euros. A este proyecto se sumó otro para incluir una fuente que habían solicitado los vecinos para mejorarla. Estas mejoras se habrían adjudicado en un proceso negociado a la misma empresa que tenía que ejecutar los trabajos, Coinger. Esta adjudicación se realizó cuando las obras ya habían sido inauguradas dos meses atrás. Los imputados han venido negando las irregularidades y explicado que todo se hizo para atender las peticiones de los vecinos para no tener que levantar la obra para instalar la fuente una vez finalizada. Coinger fue además la única empresa que había concurrido al concurso público. La magistrada que investigó los hechos archivó inicialmente el caso, al no ver delito, pero esa decisión fue revocada por la Audiencia que le obligó a seguir la investigación y llevar el caso a juicio.

La Fiscalía considera que se falsificó el expediente para dar la apariencia de legalidad a esta adjudicación motivo por el que reclama tres años de cárcel, dos años de inhabilitación y una multa de seis meses a razón de doce euros diarios (2.160 euros) por el delito de falsedad documental. Asimismo, se reclaman otros siete años más por un delito de prevaricación. Junto a Llorens, la Fiscalía pide sentar a otros tres técnicos municipales, entre ellos el que era jefe de Atención Urbana, Victor López, y el entonces jefe del Departamento de Mantenimiento de Espacios Públicos y un ingeniero municipal, a quienes también se reclama tres años de cárcel por la falsedad, al considerarles también autores directos del delito, y tres años y seis meses por la prevaricación. Para el empresario, se reclama un año y medio por la falsedad y tres y medio de inhabilitación como presunto inductor de la prevaricación.