La instrucción seguida por una juez por presuntas ilegalidades en la adjudicación de las obras de remodelación de la Plaza Magallanes de Alicante -en el barrio de La Florida- ha llegado a su fin.
Cuatro años y medio después de que la exedil socialista Carmen Sánchez Brufal denunciara en Fiscalía que las obras de remodelación de la plaza se llevaron a cabo sin que hubiera acabado el plazo para la presentación de ofertas, la Audiencia Provincial de Alicante ha puesto el punto y final a la fase de instrucción, ha instado a la Fiscalía a presentar su escrito de acusación para concretar los delitos presuntamente cometidos en estas obras y ha abierto la puerta a un juicio oral que ha intentado ser evitado a golpe de recurso por parte de las defensas.
El órgano provincial no ha admitido el recurso presentado por el edil de Atención Urbana, Andrés Llorens, y por tanto ha rechazado archivar la causa abierta contra él por los presuntos delitos de falsedad documental y prevaricación. La Audiencia considera que hay que continuar con la siguiente fase al existir indicios de delito en la actuación del concejal, del exjefe de Atención Urbana, Víctor López, y del gerente de la mercantil, y da diez días de plazo a la Fiscalía para que formule su escrito de acusación y concrete los tipos de delito presuntamente cometidos en la adjudicación. En la causa también están imputados otros dos técnicos de Atención Urbana, actualmente en activo.
La remodelación de este espacio público se llevó a cabo por la empresa Coinger antes de que acabara el plazo legal para la presentación de ofertas y sin haberse convocado concurso público.
La contestación a los recursos deja fuera de responsabilidad penal a uno de los técnicos de la mercantil y mantiene la imputación para el constructor, para quien se pidió su declaración el pasado mes de julio y que alegó ante la juez que acometió los trabajos porque esperar al contrato le suponía 50.000 euros en pérdidas y que se arriesgó por su cuenta a acabar la obra.
Andrés Llorens, que siempre ha mantenido ante la juez que instruye el caso que tuvo una fuerte presión vecinal para llevar a cabo cuanto antes las obras de remodelación, recurrió de nuevo su imputación y solicitó el archivo. Finalmente, tras rechazar la Audiencia los últimos recursos, solo quedan los escritos de acusación de Fiscalía y acusación particular (ejercida por el PSOE) antes de poner una fecha para el juicio oral.
