El edil de Atención Urbana, Andrés Llorens, imputado por las presuntas irregularidades en la adjudicación de la remodelación de la plaza de Magallanes, sostiene que las obras complementarias al proyecto inicial se sacaron a licitación por un procedimiento negociado y que, incluso, se redactó el informe de adjudicación en marzo de 2009. Sin embargo, reconoce que se retrasó la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local hasta junio, lo que provocó que cuando se formalizó esa adjudicación ya habían terminado las obras. El concejal, que acudió esta semana a declarar ante el juez por este caso, defendió ayer la actuación de los técnicos que se encuentran imputados y expresó su confianza "en su capacidad y honestidad". Al respecto, indicó que "estar imputado no quiere decir que esté acusado y confía en la justicia hasta que se demuestre lo contrario".
Por su parte, la portavoz del PSOE, Carmen Sánchez Brufal, lamentó que el edil "se haya visto obligado a dar explicaciones ante la justicia y no las haya dado en el Ayuntamiento". Según Brufal, "no puede justificar que había celeridad" para modificar las obras "por petición vecinal", porque los vecinos demandaron los cambios "poco después de sacarse el proyecto en 2007". En cuanto a los técnicos, Brufal recuerda la petición del PSOE de que quienes hayan sido condenados en una sentencia fien la valoración de un contrato y que fue rechazada.
