La Generalitat Valenciana consiguió ingresar el pasado año 118,2 millones de euros por un concepto inédito durante los últimos años: el Impuesto sobre el Patrimonio. El jefe del Consell, Alberto Fabra, decidió reactivar en 2013 el pago de este tributo dadas las estrecheces económicas de la Comunidad. Y l0s primeros resultados son esclarecedores.
El Ejecutivo ingresó 34 millones en Alicante de un total de 5.653 contribuyentes; 18,7 millones en Castellón de 3.157 ciudadanos; y 65,5 millones en Valencia de 9.492 personas. En su conjunto, en la Renta de 2013 (último ejercicio liquidado), un total de 18.302 contribuyentes de la Comunidad liquidaron este impuesto y reportaron 118,2 millones a las arcas autonómicas.
El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo que grava a los ciudadanos con mayor poder adquisitivo. Han de declararlo las personas físicas, ya sean residentes habituales en España o no, cuya cuota tributaria resulte a ingresar, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones correspondientes, según explican desde la Conselleria de Hacienda. Y también han de declararlo aquellos ciudadanos que, pese a no cumplir esas circunstancias, tengan bienes o derechos superiores a los 2 millones de euros.
Este tributo compete al Gobierno central, aunque lo ha cedido a las comunidades autónomas. En 2008, ya con la crisis asomando al panorama nacional, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero decidió eliminar este impuesto de manera temporal con el objetivo de reactivar la economía. Tres años más tarde, con el PSOE todavía en La Moncloa, el Gobierno optó por recuperarlo. Esta vez, para que las arcas públicas obtuvieran ingresos extraordinarios.
La Comunidad Valenciana, acuciada ya por los problemas económicos, decidió que no lo cobraría. Francisco Camps prefirió bonificarlo al 100 % y libró a los más acaudalados de tener que abonar el tributo. Pero Alberto Fabra llegó al Consell y decidió reactivarlo en la Renta de 2013. Ese año obligó a los contribuyentes a declararlo y logró unos ingresos globales de 118,2 millones, según los datos facilitados por la Conselleria de Hacienda.
Esta inyección económica ayudó al Consell a limitar su déficit. Aún así, el Ejecutivo no pudo cumplir las exigencias presupuestarias de Cristóbal Montoro. ¿Por qué? El PP entiende que por la financiación. El actual modelo penaliza a la Comunidad y le priva de más de 1.000 millones de euros anuales que le corresponderían en función de su población.
Las Cortes, precisamente, abordarán esta semana una propuesta sobre financiación. Pero no precisamente para reclamar al Gobierno central que destine más dinero a la Comunidad, sino todo lo contrario. El PP propondrá (y presumiblemente aprobará) una iniciativa para que se pida al Congreso la retirada de la proposición de ley aprobada en 2008 en la Cámara autonómica cuyo fin es que las inversiones del Estado se basen en la solidaridad y la equidad y que esos criterios se apliquen de manera uniforme a todas las autonomías. Los populares entienden que esa propuesta es ahora «innecesaria» porque en breve se comenzará a trabajar en el nuevo sistema de financiación autonómica.
