Otro problema más para el Consell. Apenas 24 horas después de que las Cortes -con el voto del PP, los socialistas y Compromís- aprobarán el nuevo impuesto a la banca, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confirmó que el Gobierno recurrirá la aplicación de ese recargo con el que el Consell tenía previsto recaudar 230 millones. Fue casi de pasada y al final de su intervención posterior a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que participaron todas las autonomías. «Cuando entre en vigor...», vino a confirmar Montoro al ser interrogado por segunda vez sobre la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el acuerdo de las Cortes como, hasta ahora, el Gobierno ya ha hecho con todas las comunidades que han decidido orientar su legislación tributaria en esa vía.
Durante la sesión parlamentaria en la que el pasado martes se aprobó este nuevo impuesto, el diputado socialista Julián López Milla ya advirtió de la posibilidad de que se produjera este escenario. «Y si mañana vienen desde Madrid y lo impugnan...», deslizó el vicesecretario de Economía del PSPV. Dicho y hecho. Así ha ocurrido. Montoro recurrirá como, en su día, ya hizo con Asturias y ahora se abrirá un largo procedimiento judicial en el Tribunal Constitucional del que la Generalitat, de acuerdo con los antecedentes, se muestra convencido de que puede salir victorioso. El conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, confía en poder mantener el cobro del impuesto mientras los jueces deciden para, con posterioridad y conforme ha ocurrido también con otras autonomías, recibir una compensación económica por presupuestar un ingreso que luego se caería de la previsión anual.
En su intervención al término de la convocatoria del consejo, Montoro dejó claro que la intención del Gobierno es, llegado el caso, incluir el cobro de ese impuesto en la próxima reforma fiscal para controlarlo desde el Estado y luego, sobre esa base, dar margen normativo a las autonomías con el objetivo de garantizar que «no se rompa el mercado bancario». ¿Y eso qué significa? Blanco y en botella. El Gobierno legislará la aplicación del recargo pero, con toda probabilidad, a un tipo mucho más bajo del que plantean a día de hoy las autonomías.
La batalla del impuesto a la banca viene de lejos. Las dos primeras regiones que gravaron los depósitos bancarios fueron Andalucía y Extremadura.
El Gobierno recurrió pero el Constitucional les dio la razón a esas dos comunidades, que recibieron una compensación económica de las arcas del Estado por el dinero que, en su momento, habían dejado de ingresar. Aprovechando el fallo judicial, Asturias, ya bajo gobierno socialista, también fue por ese camino. Pero se encontró, igualmente, con otro recurso del Gobierno de Rajoy que, además, aprobó un impuesto a la banca pero a tipo 0%, un gravamen que, en la práctica, supone que no se cobraría ni un euro. El Constitucional, sin embargo, decidió dar vía libre a Asturias para iniciar la recaudación del impuesto en tanto se pronuncia sobre el fondo de la cuestión, algo que todavía no ha hecho. Ese «impass» es el que el Consell y también Cataluña han aprovechado para aprobar el impuesto. La Comunidad está segura de que, por ahora, podrá ejecutarlo y que más tarde recibirá la compensación. «Lo tenemos muy bien estudiado», apuntaron fuentes de la conselleria de Hacienda.
No fue el único jarro de agua fría para la Generalitat. Efectivamente, el Consejo de Política Fiscal aprobó iniciar el procedimiento para reformar el sistema de financiación autonómica, tal y como solicitaba el conseller Moragues. Pero Montoro, sin embargo, dejó claro en su comparecencia que ni habrá más dinero ni tampoco retroactividad, a pesar de que el Consell cree que esa puerta está aún abierta. «Es necesario mas que nunca un nuevo modelo», subrayó Moragues. Hasta la primavera, como pronto, no habrá nada.
