Costaría más el traslado a una ubicación situada a apenas 150 metros de distancia del emplazamiento actual (la plaza del puerto) que la propia construcción de la Oficina de Turismo. Así lo concluye un informe técnico, realizado por el equipo redactor de la obra, que cifra en unos 600.000 euros el posible cambio de ubicación de la polémica dependencia turística, en la que la Generalitat Valenciana ha invertido 535.000 euros.
El informe, según admitieron a este diario fuentes municipales, no es nuevo. De hecho, lleva en un cajón desde que se elaboró, en la etapa de la popular Mari Carmen de España en el área de Urbanismo. Es decir, durante el primer año de Luis Barcala en la Alcaldía, a la que accedió en abril de 2018 tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri, un cargo que revalidó en las urnas el pasado 26 de mayo (y que se confirmó tras el posterior pacto de gobierno con Cs).
La cifra en la que se presupuesta el traslado forma parte de un estudio realizado por el equipo redactor de una obra que empezó a impulsarse durante el mandato del tripartito (aprobada en un Patronato de Turismo en la que no hubo voces discordantes sobre su ubicación), pero que no se situó en el centro de la polémica hasta después de la llegada de Barcala a la Alcaldía, cuando el edificio empezó a tomar forma en el puerto.
Tras la avalancha de críticas de vecinos y de expertos (como la que firmó Carlos Gómez Gil en un artículo publicado en este diario), el alcalde anunció que la oficina de trasladaría cuando acabasen unas obras que han acumulado un retraso de más de seis meses, donde no se incluyen varias prórrogas concedidas a la empresa. De hecho, el contrato para la construcción de la Oficina de Turismo se adjudicó en mayo de 2018 y la obra tenía un plazo de ejecución de cuatro meses, por lo que se tenía que haber entregado hace más de un año. La realidad es que los trabajos continúan a día de hoy, tras semanas paralizados por la pretensión de la empresa de cobrar unos 130.000 euros de sobrecostes. La mercantil, finalmente, renunció a su exigencia tras la negativa de la Generalitat de asumir un aumento en el coste de la obra, alegando que el cambio de materiales no había sido autorizado. Además, el Consell anunció que abriría un expediente sancionador por el retraso acumulado.
Cruces en el bipartito
Pese a que en un primer momento Barcala apostó por el traslado sin matices y de manera reiterada, tras las elecciones municipales del pasado mes de mayo empezó a modular su discurso. Lo hizo, sobre todo, después de que la vicealcaldesa y concejala de Turismo, Mari Carmen Sánchez (Cs), dudara de la viabilidad de un cambio de ubicación. «Lo que quiero es que nos entreguen la oficina, que se ponga en marcha y veamos cómo funciona. ¿Traslado? Debemos ver ahora cuál es el coste de su traslado. ¿Y si nos cuesta 600.000 euros? ¿Debemos gastarnos ese dinero quitándolo de otras partidas y necesidades? La oficina debía estar funcionando ya. Si trasladarla nos cuesta tanto dinero como la propia construcción habrá que replantearse el tema. Primero veamos cómo funciona, dónde la llevamos. La ubicación en esta zona es fantástica. No se puede tirar el dinero», señaló la vicealcaldesa en una entrevista a este diario, lo que provocó la respuesta del alcalde, que empezó desde entonces a supeditar el traslado al coste económico, aunque sin poner cifras concretas. «Si el coste fuera razonable, procederíamos al traslado; si no lo fuera, pues no lo podríamos hacer. El lugar no es el idóneo, pero tampoco podemos tirar el dinero. Lo que no puede ser, como es de sentido común, es que cueste más que la oficina en sí misma», afirmó el alcalde popular a principios de este mes.
Entonces, en esas declaraciones públicas tras las palabras iniciales de su «número dos», Barcala también anunció que una vez la Generalitat entregue al Ayuntamiento la controvertida Oficina de Turismo, se pedirá un «presupuesto» para cifrar el coste del traslado. Hasta el momento, el alcalde no ha hecho mención alguna al informe realizado por el equipo redactor del proyecto, que según fuentes municipales está en un cajón de Urbanismo desde la etapa de Mari Carmen de España al frente de la concejalía.
En ese informe, según han confirmado las mismas fuentes, se indica que la construcción turística, pese a ser «desmontable», no se ha levantado con la intención de ser trasladada de ubicación. La decisión definitiva no tardará en conocerse, ya que la obra, tras reactivarse recientemente los trabajos, encara su recta final.
